Sobre la extensión en Canarias de la trama Koldo

Cuando no se dispone de un veredicto judicial, lo mejor es ampararse en lo que es fiable y en el sentido común. En las ramificaciones del caso ‘Koldo’, son fiables las transcripciones de las conversaciones realizadas por la Guardia Civil. Es también fiable el informe de la Audiencia de Cuentas sobre las compras de material Covid que dos auditores del PSOE y uno de Nueva Canarias –ambos partidos que formaban parte del Gobierno regional- se negaron a aprobar, porque demostraba comportamientos inexplicables en la contratación. Y es fiable ese informe que fue rechazado porque –como suelen hacer los informes de la Audiencia- se basa exclusivamente en hechos y números. Lo que dicen esos hechos y números refleja que todo el procedimiento de contratación de material se hizo mal, pero que muy mal: en una parte importante de las compras ni siquiera se justificó la tramitación de emergencia, y se compró el material sin comprobar la capacidad de los vendedores, sin exigirles solvencia económica, financiera y técnica y sin que tuvieran capacidad de contratar con la administración. Uno puede entender por qué votaron contra el informe los auditores del PSOE. Más raro es entender porque lo hizo el de Nueva Canarias.

Hasta que ayer se supo que una empresa valenciana que dirige José Ruz, vinculado a la trama Koldo, obtuvo la adjudicación de la reforma interior y acondicionamiento del Edificio Royal, que alberga la Delegación de la Agencia Tributaria Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. El contrato, de seis millones de euros y medio de euros, aparece citado en el informe de la Guardia civil sobre la trama Koldo, que salpica por primera vez a Román Rodríguez. Román era entonces consejero de Hacienda, y de él dependía la Agencia Tributaria Canaria. Román sigue siendo hoy presidente de Nueva Canarias.