Las 90 familias desalojadas en Arona pueden acogerse al programa Pro-Hogar del Gobierno de Canarias
Los afectados pueden acceder de manera inmediata a una alternativa habitacional presentando la acreditación de vulnerabilidad otorgada mediante los servicios sociales del ayuntamiento o por vía judicial
Santa Cruz de Tenerife
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez dice que el Gobierno de Canarias desconoce las condiciones en las que se encuentran las personas desalojadas en Arona el pasado martes. Rodríguez declara que la solución a la que pueden acogerse todas las personas afectadas por el deshaucio en el edificio Chasna de Costa del Silencio el Instituto Canario de Vivienda tiene distintos programas como es el programa Pro-Hogar para dar una alternativa habitacional a todas aquellas familias que queden acreditadas que estén en estado de vulnerabilidad como ha ocurrido con las 90 familias desalojadas en Arona el pasado martes.
Para la acreditación de vulnerabilidad lo pueden hacer dos instituciones como es el ayuntamiento a través de los servicios sociales o un juez a través de un procedimiento jurídico. Desde que esté acreditado este estado de vulnerabilidad por dichos agentes el Gobierno de Canarias se pone manos a la obra para dar una alternativa habitacional a dichas personas siendo un proceso inmediato.
Promover vivienda social ante la emergencia habitacional
El consejero ha dado estas declaraciones tras la reunión celebrada junto a FEPECO y su presidente Óscar Izquierdo sobre el decreto de Vivienda. Este decreto ley establece que Canarias se encuentra en un estado de emergencia habitacional y que ante esta situación se debían de tomar medidas extraordinarias como las que ha anunciado el Gobierno en el debate de la nacionalidad canaria.
El planteamiento de construcción de vivienda pública por el Plan Canario de Vivienda que planteaba la construcción de 2.000 viviendas no es suficiente para una demanda tan importante que existe de vivienda. El consejero dice que hoy en Canarias solo en los registros del ICAVI hay más de 25.000 personas en espera de una vivienda pública, siendo insuficiente las 5.000 viviendas públicas que se prevén construir durante este mandato.
Desde el Gobierno piden poner en marcha una serie de medidas urgentes para atajar la emergencia habitacional busca agilizar la construcción de vivienda pública e incentivar al sector privado a ser parte de la solución al problema de la vivienda y que vuelvan a construir vivienda protegida.