Ocho familias que viven de alquiler en La Perdoma están al borde del desahucio
Un fondo extranjero quiere desalojar a estas familias para poner en venta las viviendas
Piden a la Sareb que pare 6 desahucios en la pedanía murciana de Aljucer / Kinga Krzeminska
Santa Cruz de Tenerife
Ocho familias residentes en La Perdoma, en La Orotava, están a la espera de ser desahuciadas el próxima 21 de mayo a causa de un impago en el alquiler en el que incurren desde el año 2020. Un poco antes de esa fecha, el 24 de abril, está prevista la reclamación de las cantidades por parte de Reigahill Invest S.L., actual propietaria de los inmuebles. Los afectados aseguran que dejaron de realizar los pagos por una orden judicial que les instaba a esperar a que el BBVA contactara con ellos.
Algunas de las familias han asegurado a Radio Club Tenerife que no han recibido ningún aviso en relación con el desahucio. De hecho, matizan, que tienen contrato en vigor y que pagan los suministros. Todo responde, aseguran, a un par de vecinos que sí se encuentran en situación de vulnerabilidad y que existe una causa judicializada por el impago del alquiler durante el quiebre de la propietaria y la adquisición del inmueble por un fondo.
Desde el Ayuntamiento de La Orotava, aseguran que "están examinando cada uno de los casos porque no son todos iguales" y hay algunas familias "en situación de vulnerabilidad". Pedro David Benítez, concejal y portavoz del grupo de gobierno del municipio, afirmó en una entrevista en Hoy por Hoy Tenerife, que "están trabajando con cada familia", haciendo de mediadores y "contactando con diferentes entidades bancarias para buscar alguna solución".
Situación excepcional
Benítez afirmó que "ya hay algunas familias con fecha de desahucio, pero otras que aún no la tienen" y que algunas de estas familias "tienen opción de comprar esos inmuebles, pero otras se encuentran como solicitantes de vivienda pública". El Ayuntamiento de La Orotava, junto al Gobierno de Canarias, está construyendo 65 viviendas sociales en el municipio y estos afectados podrán ser beneficiarios de esta medida. "El mensaje es claro: no los vamos a dejar solos, les vamos a acompañar hasta el final e intentaremos que tenga un final feliz para todas las familias", esta es la posición del Ayuntamiento según el portavoz del grupo de Gobierno.
Este desahucio, apunta Benítez, es una situación muy excepcional en el municipio y la demanda de vivienda social "existe, pero no supera las 300 solicitudes de personas en riesgo de exclusión social". Desde el Ayuntamiento apuntan a que no es posible solucionar el problema de "un día para otro", pero esperan "cubrir el cien por cien de la demanda en los próximos años".
La urbanización, situada en el Camino El Moñigal y formado por 16 viviendas, cuenta con ocho viviendas en alquiler y otras tantas en propiedad. Una propietaria de uno de esos inmuebles afirma que las personas que están en alquiler no hablan con ellos y que desconocían que esta situación se estaba dando. La propietaria asegura que los dueños de viviendas en esa urbanización no han tenido problema con el cambio de empresa propietaria.