"Mentiras e impunidad": el duro comunicado de las familias contra Educación por discriminar a un alumno con TEA

Elan Fleitas tiene trastorno del espectro autista. Está en Aula Enclave desde el año 2017 y su grupo de referencia, con el que comparte muchísimas asignaturas, es sexto de primaria. Irene Valerón, su madre, lanzó un llamamiento desesperado en las redes porque su hijo no está invitado al viaje de fin de curso con el resto de sus compañeros, porque el colegio se lo impide. "Sin mediar ningún expediente sancionador, y de forma completamente contraria al criterio del Diputado del Común, para que a ninguna otra madre se le ocurra difundir en redes sociales o a través de los medios de comunicación su opinión sobre la escolarización de su hijo", denuncia en un comunicado la presidenta de la Federación de AMPAS de Gran Canaria. El comunicado de las familias acusa a la consejería de Educación de "marginar" a Elan Fleitas y actuar con un "corporativismo, soberbia, cobardía e impunidad que ensucia el buen nombre de la comunidad educativa canaria", sentencian.

El duro comunicado contra Educación: un acta falsa

"Ni el equipo directivo, ni la inspección educativa, ni la Consejería de Educación han demostrado la mentira sobre la que se sustenta este caso: que dieron alternativas de adaptación para el viaje del niño y que la madre las rechazó. Sin embargo, la documentación sí prueba que Irene se ofreció a ir al viaje para atender las necesidades especiales de su hijo, asumiendo los gastos y también la responsabilidad. En ese escenario ¿qué impedía que Elan asistiera con sus compañeros al Viaje de Fin de Curso?", se pregunta Marian Álvarez. "El argumento reiterado por el equipo directivo, por el inspector de zona y por la Dirección General de Inclusión, que sostenían que Elan no podía ir al viaje de Fin de Curso porque pertenece al Aula Enclave y no a sexto de Primaria, se desliza como agua entre los dedos con sólo leer la definición", añade.

En opinión de la presidenta de la asociación de familias, los informes elaborados por el inspector de zona sobre la actuación del equipo directivo del centro "parten de una mentira principal, a la que se esfuerza en dar veracidad, aunque carezca de pruebas objetivas. De hecho, se basan en la literalidad de un escrito firmado exclusivamente por el equipo directivo, que eleva a la categoría de acta. Es decir, un acta falsa", llega a decir Álvarez. "El silencio de la Consejería fue abrumador desde que se difunde el video viral de Irene hasta que el 14 de noviembre, el director General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, comparece en la Cadena SER para afirmar, con rotundidad, que el centro ha dado la opción de adaptar el viaje", prosigue el comunicado.

La federación de AMPAS acusa de "soberbia" a Educación

Irene Valerón, madre de Elan, fue citada a una reunión con el inspector de zona el día 15 de noviembre. En dicha reunión también estaba presente la secretaria del CEIP El Tablero. El acta, firmada por todos los presentes, recoge la exposición de la madre en esa reunión: “Estoy abierta a cualquier alternativa que se me plantee y que hasta el momento no se me ha planteado. Soy consciente de que elevar esto a los medios puede haberse visto como un error que nunca hubiera sucedido de haber tenido esas alternativas”, dice la madre. "¿Por qué la secretaria del centro firmó esa acta si lo que sostenía Irene era falso?", se pregunta la presienta de la organización que representa a las madres y padres de alumnos en la isla de Gran Canaria.

“Para la iniciación del procedimiento, en aras de la búsqueda de un entendimiento, la madre se compromete a subsanar la lesión producida en los medios al CEIP El Tablero y a la directora, pero nunca faltando a la verdad de la madre”, dice el acta, que el AMPA califica de absolutamente soberbia. "A partir de este momento, ya no se trataba de si el alumno tenía o no derecho, de si se dieron o no alternativas de adaptación para acudir al viaje. A partir de ese momento, la participación de Elan en el viaje pasa a estar condicionada a que su madre subsane una lesión que de ningún modo ha quedado acreditada", explica Marian, que considera que la dirección del centro pretende, con el acuerdo de Educación, castigar a un madre y discriminar a un alumno por contar su caso en los medios.

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"Irene salió feliz de la reunión porque se abría la posibilidad de que el niño pudiera ir al viaje, una posibilidad que no había tenido antes. Distribuyó un audio a los medios de comunicación, sin faltar a la verdad de la madre, pero no fue suficiente, a juicio de los ofendidos, para saldar la deuda. Irene, que ni ha sido denunciada ni ha sido condenada por difamar ni atentar contra el honor de nadie, pidió al inspector de zona, en una conversación telefónica, que le dictara lo que querían que dijera, pero no hubo respuesta", prosigue el comunicado de las familias.

Se frena la mediación porque la madre no "restituye" el honor del centro

Apenas horas después el Claustro del centro distribuyó un comunicado a los medios de comunicación explicando que no se daría lugar a la mediación porque la madre se había comprometido “a rectificar por las mentiras y disculparse con la directora por difamarla y atentar contra su honor”, algo que es, a tenor de la literalidad del acta, "una gran mentira y demostración de la soberbia que reina entre el funcionariado educativo. También en sus informes, el inspector de zona reconoce que “no se ha comenzado el proceso de mediación al no haber cumplido Doña Irene Valerón Iversen el acuerdo suscrito”, explica el comunicado de la Federación.

En su resolución, el Diputado del Común expone que “no se puede condicionar el acceso al viaje de fin de curso del menor por las actuaciones procedentes o improcedentes de la madre, tanto a través del centro, de los medios de comunicación como a través de la comisión de conciliación. El menor no es responsable de los actuaciones o declaraciones de la madre, como ciudadana y como responsable de la educación de su hijo”. A lo que yo añado que la exigencia, recogida en un documento oficial, firmado por dos funcionarios públicos, se parece mucho a la descripción del delito de coacción tipificado en el Código Penal.

El AMPA habla de cobardía e impunidad de Educación

"Ante la contundente resolución, la única respuesta que ha sido capaz de dar la Consejería de Educación es que no podía intervenir porque el caso está judicializado. Y así es. Para poder acceder a la argumentación que esgrimía tanto la Inspección Educativa como el equipo directivo, Irene presentó un contencioso administrativo a través del cual ha podido recabar la documentación que ya había pedido insistentemente, y sin respuesta, en el propio registro del centro, lo que nos lleva al abuso del silencio administrativo en el sistema educativo canario, pero de eso hablamos otro día", explica Marian Álvarez. "Que el caso esté judicializado no impide a los responsables de la Consejería de Educación hacer su trabajo, que no es otro que, en consonancia con la resolución, garantizar el bien superior del menor, el derecho del alumno a la educación y la inclusión como se contempla en la LOMLOE", concluye.

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