Sobre el decreto de vivienda vacacional

Restrictivo, intervencionista, inconstitucional… los propietarios de viviendas vacacionales han reaccionado con el cabreo esperable ante la propuesta del Gobierno. Se sienten estafados porque desde la consejería se les dijo que no se preocuparan, y el palimpsesto legal con el que se han encontrado les ha dejado muy preocupados.

Algunas de las exigencias de la nueva norma, si prospera su actual redacción, parecen completamente absurdas, por excesivas, pero frente al proyecto de Turismo, la reacción de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional resulta quizá algo maximalista: no es verdad que la iniciativa legislativa suponga de forma inexorable la “liquidación” de la mayor parte de las viviendas destinadas a uso turístico que existen actualmente. Mucho menos que eso sea lo que vaya a ocurrir en el plazo de diez años. El turismo es un sector muy dinámico que asimila rápidamente los cambios. Es casi imposible que una actividad que hoy mueve más de 200.000 camas gestionadas directamente por los clientes desaparezca de la noche a la mañana.

Afortunadamente, el proceso de elaboración de las leyes puede servir además para mejorarlas, y así suele ocurrir cuando los parlamentos no actúan desde posiciones hiperideologizadas o los partidos no actúan desde el frentismo y la confrontación. En este asunto en concreto, todo el mundo parece estar de acuerdo en considerar que es necesaria una regulación del sector, frustrada tras años de errores en la forma de intentar hacerlo. En este caso, lo más seguro es que las propuestas más excesivas se vean moderadas por la actuación parlamentaria, y la norma final sea más ponderada y razonable que la propuesta inicial.