Casi 60.000 de personas inundan las calles de Canarias para reivindicar el freno a la masificación turística

Miles de personas se han manifestado este sábado en las ocho islas canarias, bajo el lema "Canarias tiene un límite" para pedir que se repiense el modelo turístico. Grupos medioambientales como la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales (ADACIS); la Asociación Viento del Noreste (Desert Watch); o Ecologistas en Acción han secundado las concentraciones, y aseguran que quieren turismo, pero de otra manera. Según la Delegación del Gobierno de Canarias, han acudido 30.000 personas en Tenerife y 14.000 en Gran Canaria, 9.000 en Lanzarote, 2.800 en Fuerteventura, 300 en La Gomera y 120 en El Hierro.

Todos los asistentes piden un cambio del modelo actual, que está generando cada vez más efectos negativos para la población local y poden medidas como las tasas turísticas, más regulación en los precios de la vivienda y más protección del patrimonio natural y cultural.

También han participado sindicatos como CCOO, UGT, USO, e incluso representantes de colectivos profesionales como las Kellys; la sección sindical de los trabajadores del Tranvía de Tenerife, la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, la Asociación de Agentes de Medio Ambiente y Forestales, o la Plataforma de Feminista 8 M de Tenerife e incluso algunas formaciones políticas.

El 20A es una convocatoria llamada a convertirse en una de las que mayor movilización ha generado en el Archipiélago desde el 15 M en 2011. Sin embargo, trece años después, el motivo de esta convocatoria es ligeramente distinto, aunque con un trasfondo similar, trasladar el descontento por el modelo económico. Un modelo basado, según los convocantes, en un "turismo masificado" y de "escasez de protección hacia la población y los paisajes naturales".

Las movilizaciones pretenden generar un cambio de modelo económico vigente desde hace décadas, al que responsabilizan de "cronificar la desigualdad y la pobreza en las islas, que arroja datos como que un 36,2% de la población canaria vive en situación de exclusión social". Este mismo argumento es compartido por un total de 450 docentes e investigadores de distintas universidades y centros de estudios, tanto de Canarias como del ámbito nacional e internacional, que han suscrito un manifiesto.

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Para estos investigadores, el diagnóstico del modelo turístico de Canarias es negativo y sustentan esta valoración en que "el esquema de la organización social y política en la isla, depredador del suelo, contaminador de las aguas, destructor del patrimonio cultural y perjudicial, en general, para todas las especies que habitan en Canarias", dicen en el manifiesto. De hecho, incluso, se atreven a arrojar varias recomendaciones para

El poder de este movimiento ha logrado trastocar todas las agenda políticas y mediática hasta el momento, cuyo máximo punto se alcanzará hoy a las doce del mediodía en las ocho islas de Canarias. Piden reconducir el modelo actual, regido por una economía centrada fundamentalmente en el turismo, "poco ventajosa incluso para su población humana, sometida mayoritariamente a condiciones de vida precarias y cada vez más insalubres física y mentalmente", afirman.

El origen del 20A

La convocatoria del 20A nació hace el pasado mes de marzo, en la isla de Tenerife, por parte de una docena de colectivos entre los que figuran:la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN); la Federación ecologista Ben Magec; Salvar La Tejita; Salvar Tenerife; la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello; Salvar El Puertito, Tabona, Plataforma Los Silos-Isla Baja; Asociación Abeque; Red Asirem; la Coordinadora El Rincón; Rebelión Científica y ADC- Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra (ADNT)

Estos colectivos se propusieron advertir del perjuicio que el modelo turístico está generando entre los residentes canarios, con estragos en aspectos como el encarecimiento de la vivienda; el fomento de la precariedad laboral o la destrucción paisajística de las islas. Lo que nació como una convocatoria insular en la isla occidental, a la semana, se sumaron otras islas y propició debates en diferentes ámbitos económicos, políticos y sociales del Archipiélago, entre ellos, el Parlamento.

Entre las medidas que proponen destacan la aplicación de una moratoria que ponga freno a la creación de nuevas plazas alojativas; la implantación de una ecotasa con el objetivo de reinvertir lo recaudado en el mantenimiento de los espacios naturales o la creación de empleo y la regulación de la venta de viviendas a no residentes mediante el control del alquiler vacaciones y la limitación de compra de viviendas a no residentes.