El mito de la ocupación en Canarias: solo están 'okupadas' el 0,24% de las viviendas vacías

Canarias

Los datos de 'okupación' en Canarias no justifican la alarma que a menudo se genera en los medios de comunicación. Hasta agosto del año pasado se habían registrado 209 viviendas ocupadas en la provincia de Las Palmas y 173 en Santa Cruz de Tenerife. Es decir, de enero a agosto del año pasado se contabilizan solo 382 viviendas ocupadas en toda Canarias. En 2022, el año anterior, se ocuparon en Canarias 508 viviendas de las más un millón ochocientas mil que existen. Es decir, el porcentaje de ocupación en Canarias es infinitamente inferior al uno por ciento, prácticamente irrelevante.

Se entiende por ocupación de vivienda los diferentes tipos de delitos recogidos en el Código Penal relativos al fenómeno: allanamiento de morada (artículo 202) y usurpación de inmuebles (245), sea con violencia o no y sea en residencia o no. En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan conforme al ordenamiento jurídico vigente, de forma urgente y perentoria en caso de allanamiento, desalojando las viviendas de inmediato. Esto ocurre siempre y cuando se tenga permiso del morador y éste haya presentado denuncia. En el caso de que sean inmuebles, la policía está sujeta a una orden judicial de desalojo previa.

Las zonas de sombra en el mercado del alquiler

El abogado especializado en materia de vivienda, Rafael Alonso, explica en Hoy por Hoy Las Palmas que si bien los datos de ocupación son bajos, las cifras no recogen los impagos de inquilinos que acaban convirtiéndose en 'okupas', ni tampoco aquellas ocupaciones que no se denuncian. El problema es que se trata de una zona de sombra donde no existen datos fiables y por lo tanto, pescan en rio revuelto aquellos que hacen negocio con la vivienda a cualquier precio.

"El miedo principal es para los pequeños principales que necesiten sacar rentabilidad de esos inmuebles cuando se producen impagos. Pero también existe mucho bulo y mucha desinformación", advierte Rafa Alonso. Si un inquilino deja de pagar las rentas, "lo más probable es que ese procedimiento tarde por el colapso en la justicia y además, a menudo ese dinero no se recupere nunca por declaración de insolvencia", añade. El problema es que se desconoce la envergadura de este fenómeno porque no existen datos fiables.

Inflar las cifras: un negocio redondo con una 'cara B'

En este sentido, a menudo hay dos víctimas: la personas vulnerable que no puede pagar el alquiler y el propietario que necesita la renta para poder subsistir. Este miedo si es razonable, pero no es posible cuantificarlo. No obstante, es una zona de sombra que aprovechan estas empresas para infundir miedo y ampliar su nicho de negocio: como consecuencia, muchas viviendas vacías en Canarias, casi 200.000, de gente aterrada por un fenómeno que no está bien dimensionado.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Además, Canarias tiene oficialmente unos 55.000 pisos turísticos censados. Más de la mitad están en manos de grandes tenedores, según los datos del gobierno autonómico. Por tanto, no sólo hay muchos pisos turísticos, sino que están en pocas manos con poder de mercado, de fijar precios. Según el análisis del jefe de Economía de la SER, Javier Ruiz, el resultado es una receta perfecta para el desastre porque la subida de precios las pagan muchos, pero los beneficios los recogen muy pocos. Así que el tercer destino turístico del país registra:

• La sexta mayor subida de alquileres de España (un 13,3%).
• Los segundos sueldos más bajos del país (1.630 euros al mes de media).
• La tercera tasa de paro más alta (un 16,2%).

El abogado especialista en vivienda cree que hay intereses creados por parte de las empresa de alarmas, seguridad e inmobiliarias para inflar este fenómeno y hacer negocio con ello. "Por supuesto, siempre existen varios operadores que tienen intereses cruzados en ese tipo de aspectos", explica Rafael Alonso, abogado especialista en materia inmobiliaria. "Lo ideal es siempre acudir a una vía de acuerdo con el inquilino para evitar ir a la vía judicial", explica Rafael Alonso.