Crece el número de viviendas ilegales en zonas protegidas del Archipiélago

Las Palmas de Gran Canaria

La otra cara del encarecimiento de la vivienda en Canarias, que en abril se alzó con la mayor subida de precios de todo el país, es la proliferación de infraviviendas en zonas protegidas. El Seprona ha investigado a 136 infraviviendas durante 2023 en diferentes zonas de la geografía insular, situación que también se ha hecho extensible a otras islas del Archipiélago en donde también se incrementa este tipo de edificaciones ilegales. Muchas de ellas, dotadas incluso de agua de abasto y de electricidad. ¿Cómo lo han conseguido? presuntamente, falsificando los boletines y la documentación para el alta. La gran mayoría de estas viviendas son para fines residenciales, pero también las hay para uso recreativo e industrial. El sargento de la Guardia Civil, Andrés Gil, jefe de la oficina técnica del SEPRONA, ha explicado en la Cadena Ser que "llevamos dos años en los que hemos percibido un aumento de la construcción de viviendas en suelo protegido. Algunas personas compran grandes extensiones de suelo en espacio protegido, después las fraccionan, las parcelan, para ser vendidas y las personas que las adquieren, que compran esos terrenos ya fraccionados hacen después sus viviendas, o pequeñas viviendas con agricultura e incluso como segundas residencias".

Desde el SEPRONA apuntan que han detectado en muchos de esos casos presuntos fraudes en la venta entre el vendedor y el comprador que a posterior edifica "en muchas ocasiones nos argumentan que las personas que les venden esos terrenos, les aseguran que pueden hacer pequeñas construcciones y, que en un futuro podrían ser legalizadas. Pero cada uno coge el argumento que quiere, si se informaran sobre el tipo de terreno, mediante las administraciones competentes como por ejemplo los Ayuntamientos, lo sabrían porque esas instituciones les informarían que eso no se puede hacer. "

En cuanto a las penalizaciones a las que se enfrentan esos investigados una vez se ha ratificado la condena, el sargento Gil ha señalado que "nosotros trasladamos ese delito al juzgado con informes, se deja claro que la obra es incompatible con el uso y el tipo de construcción que se está realizando. Las sentencias de la condena que se están poniendo implican siempre el derribo de la construcción a coste de la persona que lo ha realizado. Con lo cual, estaríamos hablando de una sanción penal, que podría ser prisión, una multa y el añadido del coste del derribo, todo debe volver al estado original. La penalización va en función del daño al suelo, si había cubierta vegetal, la superficie que ha ocupado, etcétera, depende de esos y otros factores. La multa suele ser de 12 a 24 meses de abono diaria de 3 euros hacia arriba. Serían delitos de ordenación del territorio y habría que valorar si concurren con otros delitos. Puede ser en algunos casos con falsedad documental, estafas, y en ese caso, pueden concurrir varios delitos".

En cuanto a qué zonas protegidas han experimentado una mayor ocupación por este tipo de viviendas ilegales, el jefe de la oficina técnica del SEPRONA ha manifestado que "se están detectando más en medianías, en zonas cercanas a la urbe, ya que lo que pretenden es tener facilidad de acceso a la entrada principal a la finca. Después, lo habitual es que ellos construyan los viales para llegar a todas las parcelaciones. Suelen estar no muy alejadas a la urbe porque después tienen que desarrollar las canalizaciones de suministros de agua y luz y, entre más lejos estén de una zona urbana, más caro sería para ellos. En Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana son los municipios que han registrado un mayor número de levantamiento de este tipo de edificaciones ilegales".