Sobre el catálogo de vestigios

La historia conventual de las vicisitudes del catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife y su recorrido por los tribunales, daría para escribir una comedia. Pero este es un asunto serio: el Gobierno de Canarias aprobó en 2022 un catálogo de elementos a eliminar o resignificar, centrado exclusivamente en Santa Cruz de Tenerife. Fue una aprobación que provocó polémica por distintos motivos: primero, por centrarse sólo en la capital tinerfeña, cuando en otros municipios de las islas perviven claros recuerdos de la dictadura. También porque algunas de las propuestas le parecieron a mucha gente excesivamente radicales.

Lo cierto es que después de casi medio siglo de democracia, ya va siendo hora de cerrar de una vez este capítulo. Es algo que se les debe a las familias de los muertos y represaliados del franquismo, una cuestión de justicia que se arrastra desde hace muchos años. Pero en este asunto, como en tantas otras cuestiones ideológicas que polarizan a la gente, Santa Cruz está metida en una curiosa encrucijada: desde la república, la izquierda sólo ha gobernado la ciudad durante año y medio, y a ninguno de los alcaldes chicharreros ha parecido importarle mucho que se mantenga simbología franquista en los espacios públicos o menciones a ilustres del régimen en el callejero. Si el gobierno municipal, como se hizo en tantísimas ciudades cuando tocaba, hubiera optado durante los ochenta por una limpia más intensiva de esos excesos, eliminando los nombres más comprometidos, además de ‘resignificar’ los espacios más significados, probablemente no habría que desmontar media ciudad para cumplir con el catálogo.