Lanzarote exige al Estado que habilite el Cuartel de Arrecife como centro de acogida temporal de migrantes

Arrecife

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha comparecido este lunes con carácter urgente ante los medios para alzar la voz ante un nuevo repunte de migración irregular en la isla que, tan solo este fin de semana, ha recibido a casi 600 personas, 40 de ellas menores de edad, la cuales han sido trasladadas a la Casa del Mar de Arrecife.

“Este fin de semana ha sido especialmente duro, puesto que han arribado a nuestras costas casi la mitad de migrantes que han llegado desde que comenzó el año 2024 -más de 1.360 personas-, por lo que exigimos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que el Ministerio de Defensa ponga las infraestructuras del Cuartel General Marqués de Herrera a disposición de las administraciones insulares, puesto que ahora mismo es mil veces más urgente atender un fenómeno que afecta a muchas vidas humanas, así como al interés general de la comunidad canaria, y de islas tan frágiles como Lanzarote y La Graciosa, que aprobar una ley hecha a medida para los independentistas catalanes”, manifestó Betancort en referencia a La ley de amnistía aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados en España, la cual exime de castigo los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y 2023.

“Alguien debe dar la cara ante este nuevo repunte de crisis migratoria que estamos viviendo en Lanzarote y Canarias que no podemos normalizar bajo ningún concepto”, afirma Betancort, lamentando que ningún representante del Gobierno de España demuestra la más mínima preocupación por lo que sucede a este lado del Atlántico con motivo de la ruta migratoria europea.

“Somos más solidarios que nunca pero necesitamos de esa solidaridad del resto de otras comunidades autónomas para redistribuir a los menores que llegan porque no tenemos capacidad de acogida, además de invertir en mejorar la tecnología más precisa para detectar las pateras en alta mar y salvar vidas”, añade.

“Es triste y lamentable cómo el partido socialista que gobierna en España mira hacia otro lado y no se hace cargo de sus competencias en materia de inmigración”, critica el presidente, que aún sigue esperando a que “el ministro Marlaska aterrice en el aeropuerto de Lanzarote y conozca de primera mano cómo sufrimos una grave realidad humanitaria desde tiempos inmemoriales”.

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En definitiva, Betancort, acompañado del consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, ha vuelto a solicitar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a su ministro, que atienda de forma directa los problemas que han acarreado las mafias de la inmigración a un territorio como Lanzarote, tanto en los repuntes en la llegada de inmigrantes irregulares como en la custodia y el mantenimiento de los menores, algo que está haciendo mella en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Gestión de menores desde el Área Social

El consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, insistió en que “Lanzarote ya no puede seguir soportando esta situación tan límite, principalmente, en lo que se refiere a la gestión de menores que, a día de hoy, se realiza -entre otros espacios- en la Casa del Mar de Arrecife como centro de primera acogida tras clausurar hace apenas un mes las instalaciones del albergue de La Santa como centro para menores extranjeros no acompañados, ya que las instalaciones no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad ni de seguridad, y porque Lanzarote no puede sostener ni un día más un deficiente modelo para la atención de inmigrantes y mantener una red de protección de menores, que además supone para el Cabildo un coste de 4 millones anuales”, explicó.

“En estos meses nuestro objetivo ha sido trabajar en un modelo de atención y acogida más cercana y más profesionalizada y, por ello, lo que hemos hecho es redistribuir a estos menores en otros recursos, tanto dentro como fuera de la isla, pero seguiremos necesitando y exigiendo ayuda de otras comunidades y del Estado español, que ha dejando todo el peso de esta crisis sobre las instituciones públicas insulares y locales”, reiteró Acuña.