Canarias restringe la recepción de niños y niñas migrantes con un nuevo protocolo

El Gobierno de Canarias sigue adelante con su nuevo rumbo para la asistencia de niños y niñas migrantes anunciado durante los primeros días de septiembre. Tras aclarar el presidente canario, Fernando Clavijo, que no dejarán de asistir a los menores que lleguen sin el acompañamiento de un adulto a través de una patera o un cayuco a las costas de las islas, con este documento esperan «ordenar y controlar» el procedimiento para que sea la Administración en Canarias u otra comunidad autónoma la que asuma su tutela. Hasta el momento, el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, asumieron por cercanía que el traslado de estas personas debía hacerse hasta Canarias y, por ende, la tutela y asistencia de todos ellos los asumiría el área de Bienestar Social del Archipiélago canario o alguna de las oenegés que los asiste en su defecto. Sin embargo, después de no haber llegado a ningún acuerdo entre las dos administraciones que contente al Partido Popular en Génova, el Ejecutivo canario endurece su postura y aplicará un protocolo más estricto que no da por hecho esta forma de actuar sino que subraya que la custodia queda bajo responsabilidad del Estado en tanto en cuanto son las autoridades vinculadas a la Administración Central las que proceden al rescate inicial. El denominado «protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados» se basa en el principio de que «todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen», dice el documento en sus fundamentos. Por este motivo, añade que el acto de entrega a los servicios de acogida y protección de menores, «que conlleva una concreta ubicación territorial» como es canarias, «no es inmune al interés superior del menor». Por este motivo, entiende el Gobierno que el modelo de recepción debe también atender a la «consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor y participar, según su edad, en el proceso de determinación de su interés y preservación de su identidad». Los responsables políticos de este área han insistido en que no tiene sentido forzar la ubicación en Canarias si en otra comunidad autónoma dispone de familiares o personas allegadas. El Gobierno de Canarias reconoce que, a pesar de que el documento aprobado y publicado en el Boletín Oficial de Canarias se basa en el «interés superior del menor», la definición de esta idea es «compleja y su contenido se debe determinar caso por caso» al estar considerados personas «particularmente vulnerables». En concreto, entiende en esta resolución firmada por la Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias que «el acto de entrega del menor no acompañado por el Estado conlleva la afectación de sus derechos puesto que no le es indiferente la determinación de su ubicación y qué administración autonómica se hace cargo de su protección sin siquiera ser oído». En esta interpretación, como consecuencia de la situación calificada de «extraordinaria» ante la recepción y acogida de miles de personas en las islas, se ha producido «un desorden en el acto de recepción de los menores en grupo entregados por la Policía Nacional al personal de entidades colaboradoras de centros de acogida del sistema de protección», continúa el protocolo. Además, el documento advierte que en este proceso no media «un control directo de la Administración de la Comunidad autónoma ni una resolución administrativa individualizada de ubicación». Por otra parte, queda por escrito que «no es posible identificar correctamente a cada menor estableciendo la conexión debida con la reseña policial» porque, al ser asistidos y entregados en grupo, «no existe una fotografía de reseña que lo relacione con su nombre». Este es uno de los asuntos nucleares de este protocolo que deja claro que, de seguir aplicando este método de recepción de los niños y niñas migrantes no acompañados, «la trazabilidad está en riesgo y se posibilidad la confusión de identidades entre menores, como ha ocurrido». Según el protocolo, que incluye ocho puntos de actuación, se deja claro que «el órgano competente [la Administración General del Estado], debe comunicar a la Administración canaria la existencia de un menor migrante no acompañado en condiciones de ser entregado». Será en este y no en otro momento cuando la comunidad autónoma verifique que existe «disponibilidad de plazas», el menor será «recepcionado por un miembro de la Policía Autonómica o un funcionario público autonómico habilitado». El mismo día en el que la resolución de la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias plantea que «esta nueva crisis está demostrando las grandes debilidades del sistema», el líder de los populares en Canarias y también vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, ha calificado como una «deslealtad» al Gobierno central la posibilidad de registrar y debatir en el Congreso el documento firmado entre Coalición Canaria y el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo. «Sería una deslealtad al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España», dijo Domínguez quien añadió que «como no queremos que esto se convierta, una vez más, en la bronca constante en la que parece que se vive en el ámbito nacional, vamos a respetar la situación y esperaremos a que exista una respuesta». En el caso de que no se obtenga una respuesta o «pasividad en la brega», haciendo una referencia a la lucha canaria, Domínguez sí que dejó abierta la posibilidad del registro de la iniciativa en la Cámara Baja.

Canarias restringe la recepción de niños y niñas migrantes con un nuevo protocolo

El documento se hace oficial en el Boletín Oficial de Canarias este jueves y descarga la responsabilidad inicial sobre el Estado

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