"Es absurdo": La nueva ley de alquiler vacacional canaria levanta ampollas entre las administraciones

Las Palmas de Gran Canaria

El nuevo anteproyecto de ley para la regulación del alquiler vacacional no termina de convencer al área de vivienda del Cabildo de Gran Canaria. Augusto Hidalgo, que presume de "conocer bien" el documento, se ha referido a las responsabilidades que descargará la nueva norma autonómica sobre los cabildos como un "absurdo" al entender que son los ayuntamientos quienes tienen la posibilidad de verificar a quien se le concede o no el visto bueno para el desarrollo de la actividad.

Desde el punto de vista del vicepresidente del Cabildo grancanario, existen dos consideraciones que se deben interiorizar sobre el papel que juegan los gobiernos insulares. "Según el decreto actual, tenemos la competencia de otorgar la concesión de una vivienda vacacional y entregar el distintivo "VV"" que señala el desarrollo de la actividad comercial. Tal y como se plantea ahora, "hoy solo se les pide tener una cédula de habitabilidad y una declaración responsable", señala Hidalgo.

Sin embargo, a pesar de que el número dos del Cabildo entiende que es positivo que se regule, "pedir a un cabildo que se haga una revisión de si se cumple o no la normativa, cuando seguramente son más de veinte mil las que están registradas, es un absurdo", consideró durante una entrevista en Hoy por Hoy Las Palmas. Además, avisa Hidalgo que "con un único permiso urbanístico de una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife se puede tardar hasta seis meses".

"Está lanzando una responsabilidad a los cabildos insulares que será muy difícil de cumplir porque no es nuestra competencia, no tenemos el personal y si esto lo desarrolla el Gobierno, que lo haga el Gobierno", avisa Hidalgo.

"Nos dijeron que éramos bolcheviques"

Según las modificaciones explicadas por la propia Consejería de Turismo del nuevo anteproyecto de ley, son los ayuntamientos quienes tienen que desarrollar en su planeamiento dónde se puede desarrollar. "Me parece muy bien, ya lo hicimos aquí", recuerda el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria. "Cuando planteamos esto hace ocho años se nos dijo que éramos unos bolcheviques y nos íbamos a cargar el libre mercado".

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A pesar de la celebración parcial argumentada por Hidalgo, el vicepresidente insular fija la mirada sobre las inspecciones. La Consejería de Turismo ha reconocido que a penas dispone de una treintena de profesionales dedicados a esta función. "Si no se inspecciona por parte del Gobierno de Canarias, como inspeccionan los hoteles, porque solo tiene una treintena de inspectores, es absolutamente imposible que se controle la actividad" y avisa de que "se podrá hacer una norma sobre el papel fantástica, pero es absolutamente imposible controlar por parte de la Administración, esto no se va a cumplir". De hecho entiende que "es una irresponsabilidad cargar sobre los cabildos; se quitan el problema de encima".

El cabildo de Gran Canaria no se encuentra solo en esta reclamación. También la alcaldesa de Mogán, uno de los municipios turísticos más importantes de todo el país, advierte de que no se ha resuelto "quién paga esto". Onalia Bueno avisa de que "no se trata de una cuestión de plantilla, sino de dónde sale el dinero; un documento urbanístico mínimo requiere un contrato menor. Mogán se lo puede permitir, pero quizás los municipios más pequeños no; veremos en qué quedan los documentos pero queda mucho camino".

Una nueva regulación para "depurar" el alquiler vacacional

El anteproyecto de ley de alquiler vacacional está ya a punto de iniciar su procedimiento en el Parlamento de Canarias. La consejería de Turismo, Jessica de León, espera recibir el visto bueno de la Cámara canaria después de haber analizado más de cinco mil sugerencias para el documento. Como novedad, incluye la posibilidad de que los propietarios que hasta ahora explotaban un piso en este régimen de alquiler podrán mantener la actividad.

Esta era una de las grandes preocupaciones durante este proceso de consultas que se inició al comienzo de la legislatura. Esta cuestión ya ha sido resuelta gracias a una disposición adicional que deja claro que se podrá mantener la actividad para los propietarios y explotadores de inmuebles en el marco de la legalidad vigente en el momento de la petición responsable para inciar la actividad. Solo existe una condición: no se puede transmitir esa actividad. Es decir, cuando se decida parar, se termina. Para quienes no son propietarios, pero sí que explotan los inmuebles, queda la posibilidad de mantener la actividad sin cambios durante cinco años más otros cinco de prórroga y para los nuevos, se ajustarán a la nueva legislación.

Estos son los tres escenarios posibles de la actividad del alquiler vacacional en Canarias. No se permitirá que más del diez por ciento de las viviendas de un municipio se destinen a este tipo de alquiler. Aquí entran los ayuntamientos. Son estos quienes tendrán un plazo de hasta cinco años para ordenar en sus planeamientos la actividad. Solo existen dos de ochenta y ocho ayuntamientos que cuenten ya con la regulación de la actividad: Las Palmas de Gran Canaria y Pájara (Fuerteventura). El Gobierno advierte de que no se incrementarán sus funciones ni competencias y se ponen los recursos y encomiendas para desarrollarlos cuanto antes. Los ayuntamientos y los cabildos tendrán seis meses para elaborar un plan de inspección y ejecutarlo durante los cuatro años siguientes.

Se flexibilizan los requisitos técnicos. Si la vivienda tiene veinticinco metros cuadrados, debe cumplir con una de las diez condiciones adicionales de la norma. Es decir, que tenga "algo más" que le dé valor: una piscina, un garaje disponible para el inquilino, generación de empleo o un cargador automático. Si no, deberá tener al menos treinta y nueve metros cuadrados.