Clavijo, "satisfecho" de que el Gobierno acceda a negociar con el PP para hacer frente a la crisis migratoria
El Gobierno pide al Consejo de Estado un dictamen sobre el protocolo de menores migrantes aprobado por Canarias
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado "satisfecho" de que el Gobierno de España se quiera sentar a negociar con el PP para abordar la crisis migratoria. "Estamos antes del 23 de julio, pero antes del 23 de julio el Gobierno de España no quería sentarse con el PP a negociar y ahora sí, por lo que el avance es importante. Y si todo esto ha servido para eso, yo estoy satisfecho. Creo que ha merecido la pena", ha asegurado Clavijo tras participar en la Comisión Interministerial sobre Inmigración, que ha tenido lugar en la Moncloa. La reunión ha sido presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a ella han asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Clavijo ha explicado que ha analizado y debatido con los ministros sobre el punto en el que se encuentra la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir a menores migrantes no acompañados, así como de la situación de Canarias. En este sentido, ha asegurado que en el encuentro se ha puesto de manifiesto que la intención del Gobierno es reunirse con el PP "lo antes posible" para abordar la reforma de la Ley de Extranjería. Además, ha expuesto que el Ministerio de Juventud e Infancia dispone de una "simulación" respecto a cuál es el número recursos que tendría que tener cada comunidad autónoma, una de las "incógnitas" que ha dicho que habría que despejar, así como la financiación.
Encuentro
En esta misma línea, ha trasladado la necesidad de que se encuentren "lo antes posible" espacios de encuentro "para proceder a dar una respuesta, en primer lugar, a esos niños y a esas niñas y, por otro lado, y en segundo lugar, por supuesto, que no tenga que soportar Canarias en solitario toda la presión migratoria". Así, Clavijo se ha mostrado dispuesto a acudir a la reunión con el Gobierno y PP para desbloquear la Ley de Extranjería. "Yo estoy dispuesto a cualquier hora y a cualquier día", ha subrayado.
Respecto al protocolo canario de acogida de menores migrantes, Clavijo ha indicado que también han abordado la decisión del Gobierno de llevar esta resolución al Consejo de Estado. "Yo les dije que me hubiera gustado que la misma rapidez podría haberla tenido el Gobierno de España con otros asuntos", ha lamentado.
Igualmente, ha recordado que se trata de un protocolo al que ya se acogió el Gobierno en 2014. "Y, desde luego, nosotros entendemos que si hay un gran acuerdo no necesitaríamos protocolo, porque estaría todo recogido en la ley y, por supuesto, el menor tendría todas las garantías", ha destacado.
Instrucciones
Así, ha indicado que el protocolo es una resolución y que esa resolución se hace para darle "instrucciones" a los funcionarios de la comunidad autónoma y "que tengan el paraguas y lleven una resolución para que puedan cumplir un procedimiento". "Nosotros no vemos para nada la inconstitucionalidad, en ningún lado lo vemos", ha recalcado en referencia a las declaraciones del ministro Torres que ha dicho que "vulnera a la Constitución en distintos aspectos".
El Consejo de Ministros ha puesto en marcha este martes el procedimiento para recurrir el protocolo de atención a los niños llegados en pateras y cayucos aprobado por el Gobierno de Canarias y solicitar al Tribunal Constitucional que deje claro que la protección de los menores es siempre competencia autonómica.
En concreto, el Gobierno ha acordado solicitar con carácter urgente un informe al Consejo de Estado sobre ese protocolo, en paso que necesariamente tiene que dar antes de entablar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la comunidad de Canarias, según ha informado la ministra portavoz, Pilar Alegría. En el protocolo publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Canarias, el Ejecutivo de Fernando Clavijo sostiene que los niños que llegan solos a tierra sin un familiar adulto que cuide de ellos no están desamparados, sino bajo custodia de la Policía o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su primera acogida.
Procedimiento
En un comunicado, el Gobierno de España explica que, a su juicio, no solo vulnera el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma ese protocolo, sino también en acuerdo que el Ejecutivo canario aprobó el 2 de septiembre para pedir a las ONG que gestionan sus centros que no admitan a más menores sin su permiso. "Una vez recabado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, se procederá a solicitar al Tribunal Constitucional la nulidad de las actuaciones impugnadas, y que se declare la competencia autonómica para la protección de todos los menores en su territorio, estén o no bajo custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de otros servicios estatales, remitiendo el concepto de desamparo a lo dispuesto en la legislación civil del Estado", detalla el Ministerio de Política Territorial, en un comunicado.
En opinión del Gobierno central, el protocolo del Gobierno canario limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula "cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias".
Torres también ha asegurado este martes que el protocolo discrimina entre los menores no acompañados si son extranjeros o inmigrantes o si no lo son, y ha añadido que "no cabe esa distinción en la Constitución". Sobre ello, Clavijo ha destacado que "no hay ningún tipo de ideología" y que la circunstancia de un menor extranjero no acompañado es distinta a la de un menor que ha nacido en España.
Sobre la posibilidad de cambiar el protocolo, Clavijo ha indicado que si le dicen lo que tiene que cambiar, "a lo mejor" se lo puede pensar. "Más allá de las regulaciones políticas, ni ustedes ni yo hemos visto ningún informe", ha afirmado. Finalmente, ha recalcado que el protocolo "no va en contra del Estado", sino "a favor del menor".