Los propietarios de alquiler vacacional piden a Feijóo "poner orden" con su consejera de Turismo en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

La guerra abierta entre la asociación canaria de Alquiler Vacacional y la consejería de Turismo sobre la nueva regulación que espera impulsar la titular del área del Gobierno canario, Jessica de León, ha traspasado los márgenes de la comunidad autónoma. La presidenta de la asociación de pequeños propietarios dedicados a la explotación de pisos vacacionales, Doris Borrego, se ha 'plantado' en la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova, para solicitar una reunión con el número uno del partido, Alberto Núñez Feijóo, para "poner orden".

"Nos hemos dirigido a su máximo dirigente", recuerda Borrego porque "el Partido Popular siempre ha representado a la libertad de empresa, la seguridad jurídica y siempre ha representado esta modalidad" de alojamiento turístico. Desde su perspectiva, el partido conservador, al que pertenece Jessica de León, ha caído en una "contradicción" al plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional por la ley que regularía la actividad del alquiler vacacional en Cataluña mientras, en Canarias, "se ha hecho un copia y pega". Por este motivo, Borrego se pregunta "cuántos 'Partidos Populares' hay en España porque no lo podemos entender". A pesar de la tensión elevada entre este 'lobby', tal y como se autodefinen, y la consejería de Turismo, Borrego sostiene que le "gustaría encauzar esta situación; no buscamos el enfrentamiento ni con el PP ni con cualquier otro partido, sino que luchamos por unas normas cumplibles y la economía que genera el alquiler vacacional", recordó.

Según los cálculos de ASCAV, la aplicación de la nueva regulación supondría unas "pérdidas incalculables" para una actividad que genera 2700 millones de euros. La organización solicita una prórroga de un año para "sentarse a hablar" y pactar una norma entre todas las partes.

La nueva regulación del alquiler vacacional

El anteproyecto de ley de alquiler vacacional está ya a punto de iniciar su procedimiento en el Parlamento de Canarias. La consejería de Turismo, Jessica de León, espera recibir el visto bueno de la Cámara canaria después de haber analizado más de cinco mil sugerencias para el documento. Como novedad, incluye la posibilidad de que los propietarios que hasta ahora explotaban un piso en este régimen de alquiler podrán mantener la actividad.

Esta era una de las grandes preocupaciones durante este proceso de consultas que se inició al comienzo de la legislatura. Esta cuestión ya ha sido resuelta gracias a una disposición adicional que deja claro que se podrá mantener la actividad para los propietarios y explotadores de inmuebles en el marco de la legalidad vigente en el momento de la petición responsable para inciar la actividad. Solo existe una condición: no se puede transmitir esa actividad. Es decir, cuando se decida parar, se termina. Para quienes no son propietarios, pero sí que explotan los inmuebles, queda la posibilidad de mantener la actividad sin cambios durante cinco años más otros cinco de prórroga y para los nuevos, se ajustarán a la nueva legislación.

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Estos son los tres escenarios posibles de la actividad del alquiler vacacional en Canarias. No se permitirá que más del diez por ciento de las viviendas de un municipio se destinen a este tipo de alquiler. Aquí entran los ayuntamientos. Son estos quienes tendrán un plazo de hasta cinco años para ordenar en sus planeamientos la actividad. Solo existen dos de ochenta y ocho ayuntamientos que cuenten ya con la regulación de la actividad: Las Palmas de Gran Canaria y Pájara (Fuerteventura). El Gobierno advierte de que no se incrementarán sus funciones ni competencias y se ponen los recursos y encomiendas para desarrollarlos cuanto antes. Los ayuntamientos y los cabildos tendrán seis meses para elaborar un plan de inspección y ejecutarlo durante los cuatro años siguientes.

Se flexibilizan los requisitos técnicos. Si la vivienda tiene veinticinco metros cuadrados, debe cumplir con una de las diez condiciones adicionales de la norma. Es decir, que tenga "algo más" que le dé valor: una piscina, un garaje disponible para el inquilino, generación de empleo o un cargador automático. Si no, deberá tener al menos treinta y nueve metros cuadrados.