"Me vine abajo": Un tribunal médico declara "no apta" a una maestra sorda que lleva 5 años dando clase y sacó la oposición

Santa Cruz de Tenerife

El sindicato UGT Canarias denuncia el "indignante" caso de una maestra con sordera a la que un tribunal médico ha considerado "no apta" tras sacarse las oposiciones pese a llevar ejerciendo como interina cinco años. De hecho, figura en listados de adjudicaciones de destino publicados por el Gobierno de Canarias. Sin embargo, la Comisión de Evaluación Médica ha concluido que "no cumple los requerimientos" para desarrollarse como docente de Educación Especial-Pedagogía Terapéutica debido a sus limitaciones de audición y comunicación.

Ella misma, a través de una carta a la que ha tenido acceso Radio Club Tenerife, ha trasladado cómo se sintió tras conocer la decisión del tribunal supremo y cómo se desarrolló la evaluación:

"Me vine abajo; no podía creer lo que estaba leyendo (...) Primero, me felicitaron por haber aprobado las oposiciones. Luego, revisaron los documentos que había enviado. Me preguntaron cuánto tiempo llevaba trabajando, y si era consciente de la responsabilidad que implica trabajar sola con niños; les confirmé que sí, que nunca he tenido ningún problema con el alumnado a causa de mi sordera, cómo he llevado a cabo las reuniones con los padres cuando he sido tutora del aula enclave, etc. De hecho, la intérprete (de la que acudió acompañada a la comisión) dejó de interpretar para demostrarles mi capacidad para comunicarme oralmente en una situación cara a cara. Les detallé mis dificultades para oír y mencioné que tengo habilidades con la lectura labial. Pero sus expresiones faciales me hicieron sentir rara e incómoda. Finalmente, me informaron que iban a valorar mi caso más detenidamente y que podía irme".

"Esto es discriminación"

La carta comienza señalando la vocación de docente que le ha acompañado toda su vida y el orgullo que ha sentido por trabajar estos cinco años, "sin haber tenido problemas en la comunicación": "Ellos han aprendido que necesitan colocarse frente a mí mientras hablamos, y nos hemos entendido perfectamente". La maestra defiende estar totalmente capacitada para el puesto y denuncia que "esto es discriminación" porque la valoración médica "ha puesto en tela de juicio mis capacidades" y también "ha evidenciado las barreras que aún enfrentan las personas sordas en el ámbito laboral".

Manuel Navarro, secretario general de UGT en el Archipiélago anuncia que "vamos a judicializar el caso de forma inmediata, nos vamos a mover y a darle bombo y platillo". El sindicato rechaza la evaluación médica ya que "jamás ha ocultado esta sordera y ha ejercido como maestra".

Apostar por la integración

Además, reivindica que todas las personas con discapacidad "tienen la oportunidad de trabajar y, por tanto, de entrar en la lista de interinos y presentarse a oposiciones". De hecho, recuerda que "toda oposición en este país tiene un cupo para personas con discapacidad". El secretario general destaca asimismo que la maestra domina el lenguaje de signos "perfectamente" y que ha demostrado a lo largo de su carrera ser una persona "muy cualificada": "Nos parece indignante cuando esta administración y muchas anteriores han apostado por la integración de las personas con discapacidad".

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha asegurado a este medio que, de recibir el respaldo de la justicia, se adaptará el puesto a esta maestra como ya se ha realizado en otros casos, con la posibilidad de trabajar con un intérprete.

Altos índices de desempleo

En España hay 86.315 personas con discapacidad auditiva y 221.069 con discapacidad comunicativa según los estudios del Instituto Nacional de Estadística. En el caso de Canarias, se estima que el 18,8% de la población tiene alguna discapacidad auditiva. El propio Ministerio de Derechos Sociales reconoce que las personas con discapacidad, especialmente las que presentan un grado severo, "padecen altos índices de desempleo". El 21,4% de la población con discapacidad estaban en paro en 2022.

Para garantizar la igualdad de oportunidades, el desarrollo personal y la participación plena en la vida económica, cultural y social, establece que "la política de empleo deber buscar la integración de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo o, si no es posible, mediante la fórmula especial de trabajo protegido". Las normas españolas contemplan medidas como sistemas de intermediación, empleo con apoyo o enclaves laborales para garantizar la integración de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.