Los ayuntamientos canarios cuestionan la ley de Alquiler Vacacional y piden atender a sus circunstancias

Las Palmas de Gran Canaria

Los ochenta y ocho municipios de Canarias reunidos en la Federación Canaria de Municipios empiezan a armar sus argumentos contra el anteproyecto de ley de Alquiler Vacacional que espera aprobar a finales de año en el Parlamento la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Los consistorios entienden que las reuniones mantenidas con los responsables del desarrollo de la futura norma no han sido fructíferos al "no ser tenidas en cuenta" ninguna de las aportaciones expresadas por la Fecam.

Según el documento al que ha tenido acceso la Cadena SER fechado el veinticinco de septiembre de este año sobre el resultado de las negociaciones de la ley, la Federación de Municipios considera que después de las "tres reuniones" mantenidas, "no se ha modificado una sola coma de la versión de 21de julio del anteproyecto". A pesar de la voluntad expresada de los ayuntamientos por "abordar los problemas" planteados por la ley, existe una discrepancia sobre la forma en la que las administraciones locales y el Gobierno autonómico entienden que debe ser tratado. Tal y como se refleja en este informe, desde la óptica municipal, el anteproyecto "supone complicarlo innecesariamente, supone asumir cargas administrativas importantes de competencias que no le corresponde", se pueden ver "expuestos a reclamaciones de indemnizaciones y duplica, innecesariamente, los procedimientos administrativos".

Novedades que complican la gestión municipal

Ya lo advirtió el propio director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez, al plantear las posibles soluciones ante la preocupación de las administraciones locales por aumentar la carga burocrática a la que se exponen los consistorios. Sin embargo, en el informe desarrollado por el letrado Ignacio Díaz de Aguilar, se detalla cómo sí es posible que esta percepción se traduzca en una realidad que aumente el papeleo entre los despachos municipales.

Como ejemplo, Díaz de Aguilar señala que la verificación del cumplimiento de las declaraciones responsables debe ser de los Cabildos insulares y no recaer sobre los ayuntamientos. Esas declaraciones responsables, además, se multiplicarían al incrementar el número de requisitos que deben adjuntarse y una revisión ajustada al planeamiento municipal que podría aprobarse después de la verificación, "lo que obligaría a ser revisadas de nuevo", creando inseguridad jurídica.

Desde la FECAM también se cuestionan cuál ha sido el criterio para establecer que las viviendas con la declaración responsable aprobada y con la actividad en marcha pueden acogerse a la disposición primera de la ley solo si se ha solicitado un año antes de la aprobación. Consideran que "implica que un número importante de viviendas no podrían acogerse a esta disposición, lo cual podría dar lugar a reclamaciones de indemnización importantes" y, de facto, "una moratoria retroactiva".

Por otra parte, señalan el planteamiento que limita la explotación de una vivienda vacacional por parte de una empresa profesional. "La consecuencia de un régimen así es que muchos propietarios que actualmente tienen contratada una gestión profesional de la vivienda vacacional tendrían que hacerla ellos mismos" lo que, a su juicio, "restaría profesionalidad a la gestión y deterioraría la imagen del destino". La diferencia establecida en la futura norma entre propietarios - explotadores y únicamente explotadores, dice la FECAM en este informe que "no se entiende muy bien la diferencia" y, como consecuencia de ello, "puede dar lugar a reclamaciones patrimoniales por la pérdida de derechos de explotación, no ya sólo de los explotadores sino también de los propietarios de las viviendas vacacionales que cedieron su explotación".

El techo al número de viviendas que en un municipio pueden ser explotadas bajo el régimen de alquiler vacacional ha supuesto también un punto de fricción entre unos y otros. Según la norma planteada por la consejería de Turismo, tan solo se podrá dedicar el 10% del parque de viviendas a este fin. Entre la federación de municipios canarios advierten de que "el diez por ciento es un tope muy elevado con carácter general, pero que sin embargo puede resultar insuficiente para los municipios turísticos" y plantean establecer "techos diferentes, o bien introducir criterios claros que permitan superar este techo"

La transmisión de la actividad, justificada si no es especulativa

La consejería de Turismo expuso al inicio de este mes los detalles del anteproyecto de ley de alquiler vacacional canario que incluye la posibilidad de que los propietarios que, hasta ahora explotaban un piso en este régimen de alquiler, podrán mantener la actividad. A pesar de entender el planteamiento de la norma, la FECAM sostiene que no tiene sentido eliminar la posibilidad de transmitir la actividad "que no tiene carácter especulativo" en el caso del fallecimiento de un propietario. También aprecia diferencias sobre el plazo impuesto de diez años para evitar que las viviendas de nueva construcción puedan dedicarse al alquiler vacacional. Según el planteamiento en el informe de la FECAM, se trata de un plazo "excesivamente largo ya que con cinco años o, incluso con menos, se consigue el mismo objetivo de evitar la especulación urbanística" como ya ocurre en la ley de Baleares.