La Fortaleza de Ansite: otra comunidad terapéutica en peligro en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

Los centros especializados para personas con adicciones de Gran Canaria están en una situación límite, como estamos comprobando desde la SER con la problemática de la inviabilidad de la única unidad en Canarias para tratar el alcoholismo, la Casa Esperanza, en Agaete, que Cáritas cerrará a finales de este año. En la misma situación se encuentra la Fortaleza de Ansite, ubicada en Santa Lucía de Tirajana, al no poder hacer frente a los salarios de los trabajadores municipales destinados en el centro.

Este centro está homologado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pero gestionado por el ayuntamiento del sureste, está sufriendo diversos problemas para administrar el centro, como es la contratación y sustitución del personal adecuado en las listas de reserva. Desde el principio del mandato, asegura su alcalde, Francisco García, que “hemos tenido reuniones con la dirección general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ya que gestionamos este centro y la Unidad de Atención a Drogodependencias de la localidad (U.A.D), que presta un servicio comarcal, que va desde Mogán hasta Ingenio”.

“El problema principal es la sustitución del personal, de bajas o la contratación de nuevo personal. La administración pública está sujeta a la nueva ley de contratos laborales y tenemos que tirar de listas de reserva. En ocasiones, no tenemos al personal adecuado para las categorías que necesitamos porque es un servicio de veinticuatro horas”, explica.

El ayuntamiento recibe para el funcionamiento del centro y la U.A.D un total de 1.023.354, pero al municipio le cuesta 200.000€ más y “entendemos que esta partida hay que aumentarla para mantener el servicio y su calidad. Son personas con problemas de toxicomanía, que debemos cuidar”.

La corporación comunicó este cierre a sus trabajadores el pasado mes de agosto e insta al Gobierno de Canarias a aumentar la subvención o ceder el servicio a una ONG especializada en esta materia.

Falta de financiación necesaria por parte del Gobierno de Canarias

Si bien Casa Esperanza es un centro gestionado por Cáritas, la Fortaleza de Ansite es sostenida por el ayuntamiento municipal, pero Francisco García insiste en que el cierre de estos dos centros, “a lo mejor se debe que el Gobierno de Canarias no está a la altura de dotar la financiación necesaria para dotar estos servicios. Sé que los presupuestos del Gobierno crecen y hay fondos para poder invertir en este tipo de servicios. Hay que hacer una reflexión, ya que entendemos que Santa Lucía necesita esta comunidad terapéutica para dar el servicio a los grancanarios y a la provincia de Las Palmas en general, pero no podemos asumir cosas que no nos compete directamente y que, además, abarca a más de 250.000 habitantes, solo en Gran Canaria”.

“El cierre de la Fortaleza y Casa Esperanza es un error enorme”

La instalación, que se situó en 1992 en lo que hoy en día se conocen como los talleres, inició en 1995 su actividad como la comunidad terapéutica que es actualmente. Es un centro destinado a la rehabilitación de personas con Trastornos por Consumo de Sustancias y otras Adicciones (juego, apuestas, etc.) residentes en Canarias. El objetivo de la intervención es conseguir la deshabituación e incorporación sociolaboral de los/as pacientes a través de un tratamiento integral, desde un modelo de intervención bio-psico-social.

Su cierre, como argumenta Arminda Santana, concejala de Promoción de la Salud y Consumo, afecta a unos “120 pacientes que atendemos al año”, y, en total “hemos atendido a unas 4.000 personas que reciben allí sus terapias. Con el dinero del Gobierno no podemos hacer frente a estos gastos y no dan los números”. Por parte de la consejería de Sanidad se ha afirmado que se llevará a cabo una futura reunión para ver la viabilidad y una solución a esta comunidad, aunque a día de hoy no hay una fecha cerrada para este encuentro.

“El cierre de nuestra comunidad y la de Casa Esperanza, supone que habrá mucha gente que no se pueda permitir acceder a recursos de este tipo por la privada. Nos vamos a ver muy perjudicados en la isla y las familias que tienen estos problemas van a sufrir. Es un error enorme esta situación para las comunidades terapéuticas gratuitas y multidisciplinares”, sentencia Arminda Santana.