Abogados de oficio

La Justicia gratuita es un precepto constitucional. Y es posible gracias a que un tercio de los abogados del país están dispuestos a prestarla a la ciudadanía y cobrarla al Estado o las autonomías. Hasta ahí no habría nada que objetar, si las condiciones laborales y salariales en las que prestan este servicio esenciales fueran las adecuadas. Pero no lo han sido.

De ahí que el acuerdo alcanzado hoy entre el Gobierno de Canarias y el colectivo sea un acto de justicia con los propios letrados, que ejercen sus funciones en una precariedad inaceptable. Que el aumento haya sido tan cuantioso da la medida de los desfasado que estaba la cuantía. Pero es que, además, debían asumir determinados gastos y después cobrarlo. Con los índices de demora institucional, para muchos vivir así era, simplemente, insostenible, por mucho que su actividad fuera un complemento del ejercio de la abogacía en sus propios despachos.

Las injusticias, en la Justicia, son el colmo del absurdo, ya era hora de repararlo, aunque sea solo en parte. Queda, como no, actualiza la atención letrada a los migrantes.