Los nuevos vocales del CGPJ quieren dotar a Canarias de una oficina para la atención a las víctimas de delitos violentos

Las Palmas de Gran Canaria

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) delegados para las Islas, Inés Herreros Hernández y José Antonio Montero Fernández, han visitado este lunes la Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria, para iniciar tres días de intenso trabajo y reuniones con diferentes órganos judiciales tanto en la capital grancanaria como en Tenerife. En primer lugar, han destacado el buen trabajo del Consejo para poner su granito de arena con los vocales y, desde el punto de vista judicial, atender las necesidades de la sociedad en estos días tan complicados vividos en Valencia y otros puntos de la Península, aunque su estancia en el Archipiélago se basa en analizar la situación judicial, ver cómo se puede mejorar y cuáles son las fortalezas, con el anuncio de que Canarias contará con una oficina de atención a la víctima de delitos violentos de ámbito autonómico, según ha informado la vocal delegada.

Montero Fernández ha destacado la “voluntad de servir de correa de transmisión entre las administraciones canarias y el estado para mejorar el servicio a los ciudadanos. A ello, hay que sumar la complejidad de la justicia en Canarias y su singularidad que debemos atender”. Por su parte, Herreros Hernández ha comentado que “estamos tomando el pulso de las necesidades, carencias y fortalezas en el ámbito judicial de Canarias y hemos estado escuchando a las compañeras y compañeros, pues el Archipiélago se encuentra a la cabeza de litigiosidad en España y los juzgados de Primera Instancia son los que soportan una gran carga de trabajo y hay una gran necesidad de prestación de recursos”.

Sobre la cuestión de cómo se está produciendo el proceso de cubrir vacantes, ya se ha iniciado y han anunciado que habrá dos grandes convocatorias en los próximos meses, enero y junio, para cubrir todas las plazas en España. “Esperamos que la normalidad llegue pronto. Hemos vivido una situación patológica con la ausencia de nombramientos estos dos años y media y queremos normalizar la situación”, explicaba Montero.

Se espera que antes de junio estén cubiertas cinco las plazas pendientes de cubrir de las presidencias de las dos audiencias provinciales de Canarias y de tres salas del Tribunal Superior de Justicia de las islas, las dos provinciales de lo Social y la de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas.

Proyectos pilotos con el tratamiento de menores migrantes y violencia de género

Los magistrados han puesto en valor los proyectos pilotos, que ya son una realidad en Canarias, como el tratamiento a menores migrantes y la violencia de género para poder extenderlos al resto del territorio nacional, con el anuncio añadido de la necesidad de implantar una oficina autonómica para la víctima de delitos violentos
y establecer también en Tenerife recursos materiales como los de la Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria.

Montero además se ha referido al problema generado por la crisis migratoria, que afecta sobre todo a los juzgados de Tenerife, en concreto a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, por lo que tratarán de aportar soluciones, que ya está generando "retrasos importantes".