El Gobierno de Torres desechó un comité para emergencias creado en 2014 y designó otro sin cobertura legal que decidió contratos en pandemia

Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha aprobado, en noviembre de 2024, el informe sobre las contrataciones realizadas por el Gobierno regional durante la pandemia del Covid-19. Este fue descartado hace dos años por los auditores de entonces, durante el mandato del Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Podemos). El documento ha sido ahora validado con el rechazo de los consejeros propuestos por el Partido Socialista, Luis Ibarra y Almudena Estévez.

El informe de fiscalización, que se elevará al Parlamento de Canarias y al Tribunal de Cuentas, ha consistido en comprobar que las prestaciones realizadas se ajustaron a lo dispuesto en la normativa de contratación pública y que se llevaron a cabo con la celeridad e inmediatez requeridas por las situaciones de emergencia, así como comprobar la existencia de un plan de contingencias aprobado por el Gobierno de Canarias, para hacer frente a situaciones excepcionales. Este documento ya puso bajo la lupa en 2022 los acuerdos con Soluciones de Gestión (vinculada a la trama Koldo) y con RR7 United, a la que el ejecutivo canario pagó 4 millones de euros por un millón de mascarillas que resultaron defectuosas. Por este caso se encuentran investigados el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, y la exdirectora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez. Soluciones de Gestión y RR7 son dos de las empresas sobre las que ha pivotado la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

Un comité que sí tenía cobertura legal no estuvo operativo

Por Radio Club Tenerife ha pasado el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, que ha celebrado el visto bueno al texto: "Corregimos una anomalía, tener un informe sin aprobar que han aprobado todos los órganos de control externo en España sin ningún tipo de problema". Además, ha explicado las principales conclusiones de la fiscalización. Por ejemplo, ha revelado la existencia de un comité para emergencias creado en 2014 que sí tiene cobertura legal y que funciona como un órgano colegiado, lo cual implica que "se convocan las reuniones, tiene una formalidad, se realizan actas, se toman acuerdos en principio de asesoramiento". Este comité no estuvo operativo en el Archipiélago durante la pandemia.

En cambio, el ejecutivo optó por "un comité informal" que "aparentemente tenía dos patas: una técnica y una ejecutiva por llamarlo de alguna manera". Pacheco relata que la creación de ese comité en plena crisis sanitaria fue anunciada durante un Consejo de Gobierno, pero que "esa norma nunca se llegó a publicar". Además, deja claro que si bien, al no ser formal, este comité no podía tomar decisiones, sí intervino: "En el punto del contrato de RR7, en el informe se dice que una de las formas de contratar era una información que venía de ese comité y que ese comité traslada a la directora general de Recursos Económicos una copia de un NIF y un teléfono de contacto para que realice esa contratación. Posiblemente como otras muchas en ese momento".

Empresas que no demostraron solvencia

El informe también concluye que el Archipiélago contrató con empresas que carecían de capacidad de obrar con la administración, que no habían demostrado solvencia o que no tenían por objeto social el suministro de material sanitario. Es el caso de RR7, dedicada al automovilismo. "Aquí hay cuatro millones pagados de los que no se recibió nada. El informe incide sobre ese punto", ha apuntado Pacheco: "Eso implica unos incumplimientos desde el punto de vista jurídico que quedan reflejados en el informe. Se hace un desarrollo de cómo se produce la contratación de ese informe y se dice específicamente que no se obtuvo autorización de Gobierno".

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Este punto, la necesidad o no de autorización del Gobierno, ha sido muy discutido en los últimos meses. Al respecto, el presidente de la Audiencia de Cuentas concluye que "en La Palma, unos meses más tarde, se exonera (por Decreto Ley) por la emergencia (erupción del volcán) de la autorización de Gobierno en gastos mayores de dos millones de euros. Con lo cual, el mismo gobierno reconoce en el episodio siguiente la necesidad".

Sobre la solvencia que no se acreditó en empresas contratadas, otro aspecto discutido, el presidente de la Audiencia de Cuentas concluye que la Ley de Contratos, en el artículo 120 que regula los casos de emergencia, sí elimina requisitos formales. Es decir, "desaparece el expediente como tal", pero no los principios de contratación. "Uno de esos principios es que solo se puede contratar con una empresa que tenga un objeto social que sea adecuado al suministro con el cual se contrata y que sea solvente. El objetivo es cuidar que el contrato pueda ser ejecutado, porque si uno contrata con una empresa que ni se dedica a eso ni es solvente, las probabilidades de fracaso son mucho mayores, como se produjo en este caso".