Juzgan siete años después la "brutal agresión" a guardias civiles de Lanzarote en un servicio de violencia sobre la mujer

Arrecife

La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha comunicado que el Juzgado Penal Número 1 de Arrecife, capital de Lanzarote, acogió este jueves un juicio oral para esclarecer los hechos y circunstancias de la "brutal agresión" sufrida por agentes de la Guardia Civil en julio de 2017, cuando fueron requeridos para acudir a un aviso de violencia de sobre la mujer en la localidad de la Santa, en el municipio de Tinajo.

Una patrulla recibió un aviso de emergencia por un caso de violencia de género y al llegar al lugar y no localizar a nadie, se acercaron a un garaje donde se estaba celebrando una "fiesta clandestina" para ver si alguno de los presentes había visto algo o tenía alguna información.

Según IGC, los agentes fueron recibidos con insultos y expresiones de odio para, posteriormente, ser golpeados "de forma sorpresiva y con suma violencia por una turba de personas diez veces superior en número", que les propinaron patadas y puñetazos haciendo peligrar gravemente su integridad física.

Uno de los agentes en prácticas de la patrulla, con el uso de su defensa extensible, logró reducir momentáneamente a la turba y rescatar a su compañero del lugar para salvarle la vida hasta la llegada de nuevos refuerzos, siendo movilizadas todas las patrullas de la isla y una ambulancia de soporte vital. El guardia tuvo que permanecer ingresado durante más de 72 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.

Los letrados Jorge Piedrafita, de la asociación IGC, y Juan Ramón Sadoz ejercitan la acusación particular en nombre de los guardias civiles y solicitaron para los doce acusados (aunque uno ya falleció) una pena de 14 años de prisión por dos delitos de atentado agravado, dos delitos de lesiones menos graves, delito de odio e injurias a miembros y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, reclaman la imposición de una multa de 6.000 euros, resarcimiento de los daños corporales por más de 60.000 euros y la imposición de las costas procesales.

Durante la vista, la acusación pudo acreditar la comisión por parte de los doce acusados de unos hechos "muy graves que merecen una pena justa que sea lo suficientemente disuasiva". Además, lograron impedir el intento previo de un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal y las defensas , "con unas penas irrisorias y un resarcimiento ínfimo a los guardias civiles".

Desde IGC, en palabras de su vicepresidente y portavoz nacional, Daniel Fernández, aseguran que “seguiremos trabajando con contundencia para que estas agresiones no salgan gratis, erradicando la creciente pérdida del principio de autoridad y la sensación de impunidad ante una agresión a un agente. Estos hechos demuestran que es necesaria una mayor protección jurídica a los agentes y un endurecimiento de las penas ante este tipo de agresiones”.

Añade que hechos como estos, ponen en relieve la" imperiosa necesidad de reconocimiento como profesión de riesgo para los guardias civiles que arriesgan su vida cada día para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía".

Según Daniel Fernández, “estos tristes hechos empiezan ya a ser una práctica cada vez más habitual y el número de nuevos atentados, agresiones y menosprecios a los agentes no paran de crecer. Según nuestros cálculos se producen una media cercana a las 45 agresiones diarias a agentes en todo el territorio nacional y las estadísticas oficiales distan bastante de la realidad”. Añade que “nos indigna profundamente que desde las Autoridades competentes se haga caso omiso a las reiteradas peticiones de asociaciones de Guardia Civil y sindicatos policiales para que, a través del ministro del Interior, se nos convoque a una mesa de trabajo para que, de una vez por todas, se consiga materializar el reconocimiento de profesión de riesgo. Es una cuestión de voluntad política con sus FFCCSE”

Desde IGC, han insistido en la necesidad de que se dote a todos los agentes de las pistolas eléctricas incapacitantes como complemento no letal al arma de fuego, que podría haber evitado los hechos ahora juzgados en Lanzarote. Asimismo, la asociación IGC solicitó a principios de julio a la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), a través de una propuesta pionera en materia de seguridad, la dotación a los agentes de unas bragas de protección de cuello anticorte, que resultarían muy convenientes ante un ataque a una zona tan vital como el cuello.