Sobre la semana de espera

En el escenario de la política española, hay asuntos que parecen condenados a una eterna repetición. Uno de ellos es, sin duda, el de los menores migrantes no acompañados. Cada cierto tiempo, como si de una obra de teatro se tratase, los protagonistas se reúnen, intercambian promesas y fijan nuevos plazos. Y el ciclo se repite, con las islas instaladas en una espera interminable, que se prolonga desde el año 2023, cuando desde Canarias se comenzó a alzar la voz sobre la imposibilidad de atender la creciente llegada de menores, tirando sólo de recursos locales. Las reuniones con el Gobierno central se han sucedido desde entonces, y la promesa de soluciones inmediatas ha sido siempre la tónica dominante. Sin embargo, el tiempo pasa y las soluciones no llegan. En marzo de 2024, se anunció a bombo y platillo que se estaba ‘ultimando’ la reforma legislativa para facilitar el reparto de menores entre las comunidades autónomas. Un año después, seguimos esperando que la reforma se inicie.

Mientras Canarias espera, la Generalitat ha logrado lo imposible: asumir competencias plenas en materia de inmigración, gracias a un acuerdo entre el PSOE y Junts, que permitirá gestionar la expulsión de migrantes y los permisos de residencia, en función –nos dice Puigdemont- de si hablan catalán o no.

En fin: ¿Sólo una semana más de paciencia? Vale, eso han prometido ahora el ministro Torres y la vicepresidenta Montero. Pero mejor que no se hagan ilusiones.