Sobre el descuento a los residentes

En Canarias, viajar no es una opción. Es una necesidad. Para salir de las islas o saltar de una a otra, no hay carreteras ni trenes. Y a partir de esa realidad indiscutible, se forjó una de nuestras reivindicaciones más sentidas: el descuento para residentes en los viajes de avión y barco. Su conquista fue un camino largo, plagado de dificultades, recelos del Estado y tentaciones de recorte.

Durante el franquismo y hasta bien entrada la Transición, existía un sistema de ayudas al transporte para militares, policías, guardias civiles y otros funcionarios. Fue en ese contexto de desigualdad donde, finalmente, el Gobierno de Felipe González estableció en 1987 el descuento del 33 por ciento para los residentes canarios, presentándolo como una equiparación de derechos, en respuesta a una reivindicación histórica. En 2001, el gobierno Aznar subió el descuento al 50 por ciento, tanto para los trayectos a la Península como entre islas. Con la crisis de 2008, el coste del sistema se disparó y sonaron por primera vez las alarmas en Madrid. Se estudió limitar el número de viajes subvencionados por persona o restringir el acceso al descuento a determinados colectivos, como estudiantes o enfermos desplazados. La respuesta canaria fue unánime: ni hablar de recortes. En 2018, y tras años de reivindicaciones, se alcanzó por fin el descuento del 75 por ciento. Pero el aumento provocó un efecto perverso: las aerolíneas empezaron a inflar el precio base de los billetes, sabiendo que el Estado pagaba las tres cuartas partes. Fue entonces cuando el ministro Ábalos propuso estudiar un sistema alternativo, que podría pasar por bonos de transporte para determinados colectivos o precios máximos regulados. Las instituciones canarias volvieron a reaccionar en bloque para parar cualquier cambio que introdujera restricciones.

La pandemia pospuso la revisión, aunque Bruselas sigue presionando y en 2023, señaló que la bonificación distorsiona el mercado, sugiriendo pasar del modelo actual de descuentos a otros más controlados. Hoy, el sistema cuesta más de 700 millones de euros anuales al Estado, una cifra que seguirá creciendo si no se controlan los precios de los billetes. El retraso en el pago a las compañías ha provocado alarma –probablemente infundada- sobre la intención futura del Gobierno. Por eso, este domingo, durante el Congreso del PSOE de Lanzarote, el ministro Torres y la responsable federal de Economía del PSOE, Enma López, acusaron al unísono al PP y Coalición de “intoxicar” a los canarios con “un bulo” para “tapar sus problemas de gestión”. En realidad, el problema de gestión es retrasarse en los pagos. Desplazarse entre islas o viajar a la península no es un lujo para los canarios. Mientras siga habiendo mar de por medio, seguirá existiendo la obligación de compensar la distancia.