El Tribunal Supremo da 10 días al Estado para que se haga cargo de mil menores que solicitan asilo en Canarias

Santa Cruz de Tenerife

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado requerir a la Administración del Estado que garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a un millar de menores migrantes no acompañados que han solicitado protección internacional o que han expresado su voluntad de hacerlo y que actualmente están a cargo de los servicios de protección de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El alto tribunal ha emitido este requerimiento como medida cautelar positiva y da de plazo al Gobierno de España 10 días de forma "improrrogable". Según ha podido saber la SER, la mayoría de estos niños y adolescentes solicitantes de asilo proceden de Mali, aunque también algunos son de Burkina Faso. El auto ha sido dictado a instancia del Gobierno de Canarias, que ya había solicitado previamente al Gobierno de España que tomara medidas.

Corregir la situación de "hacinamiento"

La Sala entiende que el sistema estatal de acogida de los menores solicitantes de protección internacional no ha sido puesto a su disposición pese a tener pleno derecho. Además, señala que su implantación efectiva es "imprescindible" para corregir la situación de "hacinamiento" en la que se encuentran los menores "según resulta notorio". Y califica este colapso como "incompatible" con el interés superior del menor que es obligatorio proteger.

Aunque el Supremo admite que el Estado y Canarias deben colaborar y cooperar, también incide en que en la situación actual del Archipiélago "resulta urgente que se garantice el acceso de los menores no acompañados solicitantes de asilo al sistema estatal de acogida del que no pueden permanecer al margen". Por tanto, dicta la medida cautelar.

1.221 niños y adolescentes no acompañados

En su exposición, la administración autonómica explicaba al Tribunal Supremo que entre enero de 2023 y noviembre de 2024 un total de 546 niños y adolescentes migrantes habían presentado solicitud de protección internacional. A ellos, se suman 350 menores que estaban a la espera de ser atendidos para poder manifestar su voluntad de pedir asilo y otros 325 que ya están citados para presentar la súplica. En total son 1.221 menores no acompañados.

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El ejecutivo canario prosigue señalando que son tres los perjuicios de "imposible" o "muy difícil" reparación causados a los menores por la falta de admisión en el sistema estatal de acogida de protección internacional: de carácter personal para los niños; económico para los presupuestos de la comunidad autónoma; y "daño a la Nación española como fundamento de la Constitución por falta de cumplimiento de la obligación estatal de garantizar la solidaridad territorial efectiva, que se traduce en el abandono de Canarias".

La Abogacía del Estado, por su parte, se opuso a la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Canarias alegando que no se daban los requisitos legales para comprobar la inactividad del Gobierno de España que había sido denunciada. El alto tribunal concluye equiparando la situación de los menores que ya han solicitado protección internacional con la de los que han expresado su voluntad de hacerlo pero todavía no han podido. La formalización de la solicitud puede tardar hasta un año.

La denuncia de Bienestar Social

Ya en junio de 2024 el ejecutivo regional explicaba que "tenemos muchos niños que vienen de Mali y son susceptibles de ser solicitantes de asilo". En consecuencia, la Consejería de Bienestar Social comenzó a preparar los expedientes pertinentes para que pudieran pedir protección internacional toda vez que aludía a una doble vara de medir sobre los conflictos internacionales. "Muchos de los niños vienen de situaciones de guerra igual que la que está ocurriendo en Ucrania, no creo que haya una situación de guerra mejor y otra peor", explicaba la consejera Candelaria Delgado.