Sobre la prórroga de los presupuestos del Estado

La presentación anual de las Cuentas del Estado no es un capricho ni una mera formalidad, es un mandato constitucional que obliga al Gobierno a someterse al escrutinio parlamentario, permitiendo que el Congreso y el Senado ejerzan su función legislativa en materia presupuestaria. En 1996 y en 2019, la incapacidad de aprobar los Presupuestos provocó la convocatoria de elecciones, reclamadas por el propio Sánchez. Después de ganar Sánchez la moción de censura y tras la negativa de los indepes de Esquerra de apoyar su proyecto de cuentas, se dirigió al país antes de disolver las Cortes para explicar por qué lo hacía: «El presupuesto es una propuesta de país», dijo. Y añadió: «Sin Presupuestos no se puede gobernar». Seis años después, este de ahora parece otro Sánchez, Ahora ha decidido, por segundo año consecutivo, no presentar nuevos Presupuestos, prorrogando los de 2023, aprobados en una legislatura con una composición parlamentaria diferente.

Esa decisión es una anomalía democrática, y una vulneración flagrante del principio de representatividad y del control del poder ejecutivo, que podría ser recurrida ante el Constitucional por –al menos- tres motivos: por ser inconstitucional. por omisión legislativa y por conflicto de atribuciones.

La prórroga presupuestaria planteada, lejos de ser una solución técnica, resulta un subterfugio, un acto tramposo que permite a Sánchez gobernar sin mayoría en las Cortes, y evitar un debate parlamentario que sin duda perdería, evidenciando que ya no cuenta con los apoyos que le convirtieron en Presidente a pesar de haber perdido las elecciones.