Sobre la sentencia del Supremo que da la razón al Gobierno regional

El Supremo ha dado un sonoro tirón de orejas al Gobierno Sánchez en un asunto tan delicado como la protección de menores migrantes. Con su reciente auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dejado en evidencia la negligencia del Ejecutivo, obligándolo a cumplir con su deber legal de garantizar el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Deberá hacerse en el improrrogableplazo de diez días, garantizando el acceso y permanencia en el sistema de todos aquellos menores actualmente a cargo de los servicios de protección de Canarias, que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla. Esta decisión judicial no solo pone negro sobre blanco el incumplimiento sanchista, sino que también retrata el uso descaradamente político que el Gobierno ha hecho de la inmigración en los últimos años.

La situación de hacinamiento y abandono que sufren los niños, actualmente bajo la tutela de Canarias, no es un fenómeno nuevo: la sobrecarga del sistema de acogida en las islas ha sido cada vez más evidente en los últimos años, mientras Madrid miraba para otro lado. Ni un solo gesto de solidaridad territorial, ni un plan coherente para la distribución de menores, ni una estrategia de integración. Sólo seis años de excusas, parches y un discurso buenista que no se ha traducido jamás en medidas reales.

Habrá que ver qué ocurre dentro de unas semanas, cuando el decreto que ha de solucionar todos los problemas sea convalidado con el voto del PSOE y sus socios parlamentarios, gracias a la mediación de Clavijo con Junts. Habrá que mantener la vigilancia. Lo que ha ocurrido con los menores que reclamaban amparo no es un hecho aislado, sino el reflejo de una forma de actuar basada en la improvisación, la mentira y la manipulación del relato. Como siempre, han sido los más pobres entre los pobres, los más desatendidos y vulnerables quienes han pagado las consecuencias.