El Caso Fundescan llega a juicio tras 15 años de instrucción

Las Palmas de Gran Canaria

Este martes arranca en la Audiencia Provincial de Las Palmas el juicio sobre el presunto fraude de subvenciones públicas concedidas a UGT Canarias a través de la Fundación Canaria para el Desarrollo Social, Fundescan, vinculada al sindicato. La investigación judicial se inició hace 15 años para determinar el destino de 1,7 millones de euros destinados a cursos de formación organizados por el sindicato entre 2006 y 2009 enmarcados en el Plan Nacional de Formación e Inserción y para dilucidar que ocurrió con el dinero que se utilizó para, supuestamente, costear los gastos de las acciones de Orientación Profesional para el Empleo y la Asistencia para el Autoempleo.

Durante ese periodo, Fundescan recibió 2,1 millones de euros en subvenciones públicas de los que 1,7 millones no se usaron correctamente ni fueron devueltos a pesar de las múltiples reclamaciones del Servicio Canario de Empleo (SCE), según recoge la Fiscalía provincial de Las Palmas en su escrito de acusación. Casi la mitad del dinero presuntamente defraudado corresponde a una subvención de 2009 para cursos de orientación y autoempleo, de los que más de 852.000 euros fueron desviados a otros fines. El proceso, que comenzó en 2010, ha pasado por numerosas fases de instrucción con más de 100 testigos y 30 investigados, aunque finalmente solo 14 acusados se sentarán en el banquillo. Son quienes fueran presidentes del Patronato de Fundescan, secretarias y vocales, respectivamente: Alicia Rodríguez y José López; Manuela Fernández y Carmen Dumpiérrez; y Juan Ñúñez, Antonio Martín, Andrés Pérez, José Yanes y Carmen Parrilla.

El presidente del comité de empresa de la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan), Felipe Ortega, criticaba en noviembre de 2010 el mal uso de los fondos públicos que se recibieron: "era dinero público que se daba para formación y se destinó a otras cosas". Por su parte, el actual responsable del sindicato en las Islas, Manuel Navarro, ha declarado en la Cadena SER que espera que este juicio sirva para dar carpetazo a un caso que se ha dilatado en el tiempo y que confía en que se aclare todo lo sucedido. Eso sí, el secretario general de la organización sindical asegura que "siguen creyendo en la buena gestión y que en su momento todos los gastos aparecían como justificados".

La Audiencia Provincial ha reservado 16 sesiones para este juicio que arranca hoy y que podría extenderse hasta el 16 de mayo. Las penas solicitadas para los acusados varían entre tres y nueve años de prisión, además de multas que superan los 40 millones de euros.