La vivienda vacacional estrena restricciones
Se ponen en marcha los cambios de la Ley de Propiedad Horizontal con los que los vecinos de un edificio podrán prohibir pisos turísticos si cuentan con la mayoría de tres quintos de la comunidad
Con casi cuatro mil pisos de alquiler vacacional, Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades con más oferta en esta modalidad entre las grandes ciudades del país. Archivo / Andia
Las Palmas de Gran Canaria
Este jueves entra en vigor una de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la proliferación de los pisos turísticos y mejorar el acceso a la vivienda. Desde hoy se pone en marcha el cambio de la Ley de Propiedad Horizontal con el que ahora se exigirá el sí de las tres quintas partes de la comunidad de vecinos de un edificio para dar de alta una vivienda vacacional. Desde este tres de abril la vivienda vacacional estrena nuevas restricciones y, en el caso de Canarias, se van a sumar a las que también se plantean en la Ley autonómica, que ya está en puertas en el Parlamento.
Así, a partir de ahora si alguien quiere poner en marcha una vivienda vacacional en un edificio de vecinos va a tener que disponer del permiso de tres quintos de la comunidad de propietarios que, a su vez, deben representar tres quintos de las cuotas de participación. De esta forma, si hubiera alguien que desoyera esta decisión o directamente no consultara a la comunidad, ésta podría emprender acciones judiciales, además de exigir el cese inmediato de la actividad. Lo que supone el cambio es que, hasta ahora, se podía poner en marcha un piso turístico sin la necesidad de ningún permiso y, en el caso de que ocasionara molestias, era cuando se sometía al dictamen de la junta de propietarios. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, avanzaba hace meses con con esta modificación buscaba "empoderar a los vecinos y garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y en las ciudades".
La ASCAV lamenta "un nuevo ataque al sector"
El Gobierno de España ha emprendido su particular lucha contra los Airbnb. Según la ministra, el aumento de estos pisos está colisionando con el derecho a la vivienda y está teniendo como consecuencia que haya menos inmuebles para alquilar y que los que están en el mercado tengan precios desorbitados. Pero, aquí en Canarias, el sector defiende que el problema es otro. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) se ha mostrado en contra de este cambio normativo. Lo tachan de "nuevo ataque" contra un sector que representa el 3% del PIB de las Islas. ASCAV recuerda que esta es una piedra más en el camino en una CCAA en la que también lidian con la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda que está en tramitación en el Parlamento regional y que se prevé entre en vigor en los próximos meses. Su vicepresidente, Javier Valentín, afirma que esto supone el fin de estos pisos y que el cambio en la Ley de Propiedad Horizontal va a suponer que muchos posibles propietarios de retiren de la partida. "Prácticamente va a imposibilitar el ejercicio de la actividad en las comunidades de propietarios, va a ser muy complicado conseguir la autorización", ha asegurado. En cualquier caso, este cambio en la Ley no afectará a los pisos que ya estaban ejerciendo su actividad. Por lo que aquellas viviendas turísticas que estaban hasta ayer en un edificio de vecinos, sin haber consultado previamente, pueden estar tranquilos.
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"Pone orden en las zonas tensionadas"
Quienes también están atentos al desarrollo de este cambio legislativo son los administradores de fincas y los empresarios hoteleros. Los primeros opinan que esta decisión del Ministerio de Isabel Rodríguez ayudará a aliviar las zonas tensionadas y a evitar los problemas de convivencia que las viviendas vacacionales generan, en ocasiones, en algunos edificios. En palabras del administrador Juan Setién, "da, por tanto, seguridad jurídica a la comunidad de propietarios y a los administradores". Por su parte, la patronal pone el foco en las zonas turísticas y en cómo esta norma puede ir de la mano de la Ley de residencialización. Fernando Stany, de la Federación de empresarios y Hostelería y Turismo (FEHT), indica que "podría servir de refuerzo en aquellas comunidades en las que exista unidad de explotación".
La del alquiler vacacional se trata de una actividad que genera en Canarias algo más de 1.700 millones de euros. Actualmente, hay registradas unas 62.500 de estas viviendas, pero son 46.000 las que se están explotando. Además, 9 de cada 10 de estos pisos están en manos de pequeños propietarios. Y el 65% de ellos está en los 13 municipios turísticos de las Islas y en Las Palmas de Gran Canaria, representando el 72% de los ingresos por alojamiento.
