"Un niño con autismo llegó con una letra grabada en la piel": las familias piden responsabilidad penal a los centros que no vigilen el acoso

Santa Cruz de Tenerife

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres pide abrir el debate sobre la responsabilidad de los centros educativos en los episodios de acoso escolar. Lo defiende su vocal en Canarias, Marian Álvarez, detallando dos casos ocurridos en el Archipiélago. El primero de ellos en Gran Canaria: "Un alumno con Trastorno del Espectro del Autismo ha aparecido con una inicial grabada en su piel con un objeto punzante". La portavoz ha explicado que, al preguntar, tanto el equipo directivo como los auxiliares y los trabajadores del comedor aseguran "no haber visto nada". Como consecuencia, la familia decide cambiar al niño de centro. Además, señala que el menor tiene un desarrollo limitado del lenguaje y "no puede explicar quién le ha hecho eso".

La Consejería de Educación ha confirmado a la SER que los hechos fueron denunciados el pasado mes de noviembre, cuando la familia solicitó además el cambio de colegio para su hijo. Tras su intervención, la Inspección concluyó que, a la vista de sus indagaciones, no se podía constatar que la supuesta agresión hubiera ocurrido en el centro educativo. Fuentes del departamento también señalan que se se ofreció un "entorno seguro" para que el menor continuase en el centro.

El segundo caso, también relativo a un niño con necesidades educativas especiales, ocurrió según Álvarez en la isla de Fuerteventura. "Llega a casa con marcas en la parte posterior del cuello que indican que ha sido sujetado con fuerza", ha relatado: "En el colegio dicen que el niño salió hacia su casa en perfecto estado y en el transporte que al subirse ya tenía esas marcas". De nuevo, la familia decide sacar del centro al menor "porque no nos fiamos, porque no tenemos seguridad". La vocal lamenta que en ambas situaciones ni siquiera conocen quién o quiénes fueron los autores de los hechos o si fueron menores de edad.

"El riesgo de ser víctima es ser diferente"

Álvarez, que es también presidenta de la Federación de AMPAS de Gran Canaria Galdós lamenta la especial situación de vulnerabilidad de los pequeños que requieren una atención educativa especial porque "el riesgo de ser víctima de acoso escolar es ser diferente". Incide en los múltiples casos que pueden darse entre el alumnado con neurodivergencias: "Si es no verbal, no tiene ni siquiera su propia palabra para contarnos qué es lo que está sucediendo. La familia sufre muchísimo".

Fue este pasado mes de marzo cuando distintos juristas debatieron en unas jornadas organizadas por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre "la nueva responsabilidad penal de los centros educativos por acoso escolar". En el encuentro, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro avisó de que a los colegios "se va para que te protejan, no para que te desprotejan" y que los mismos "no solamente están para enseñar Matemáticas, Geografía, Historia o idiomas, también para la convivencia, par aprender en valores, en educación y en igualdad".

Juristas debaten sobre la responsabilidad de los centros

Por ello, recordó la "necesidad y obligación" de que los centros escolares implementen los protocolos de prevención del acoso escolar y destacó que solo se está persiguiendo "con una posible responsabilidad civil, en su caso del centro o responsabilidad civil de los padres, de los acosadores que, si son menores de 14 años, además tienen inimputabilidad". Actualmente, la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia contra la Violencia y la Adolescencia obliga a la creación de la figura de los coordinadores de bienestar y protección.

En el encuentro también intervino el profesor titular de Derecho Penal Carlos Gómez-Jara Díez, que criticó la "inmunidad" de los centros que no aplican los protocolos contra el acoso escolar. "Si llega una inspección educativa y ve que los protocolos son insuficientes o que no son eficaces o que no tiene, no pasa nada", aseveró. Además, apostó por un modelo en el que "si no haces bien tus cosas, tienes una responsabilidad penal porque la responsabilidad civil les importa un pepino. Tienen seguro".

En el debate, sobre si los centros deberían y podrían asumir responsabilidades penales o no si no actúan de forma diligente frente al acoso, también se ha posicionado la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres. Álvarez celebra que "los juristas empiecen a dar una perspectiva de la responsabilidad" porque "a veces cuando las familias hablamos de esto estamos bastante solas" y apunta que "quizá conviene que se empiece a señalar a los equipos directivos, porque nadie es perfecto, que miran para otro lado, que no le dan importancia, que dicen que son cosas de niños".

Los profesores piden multiplicar los recursos

Por su parte, el portavoz del sindicato docente ANPE en el Archipiélago, Pedro Crespo, considera que responsabilizar penalmente a los centros educativos sería "un despropósito" ya que existe un protocolos pertinente frente al acoso y considera que "está funcionando de forma correcta". No obstante, matiza que "lo que ocurre es que generalmente estos hechos van mucho más allá de los centros" e insiste en que "no se puede responsabilizar a los profesores ni a los colegios de la violencia que algunos menores ejercen sobre otros. Ni se puede pretender que asumamos en solitario funciones que corresponden a una pluralidad de actores".

Concluye el representante de los trabajadores que no necesitan "amenazas" de sanciones sino multiplicar los recursos: "Equipos multidisciplinares en los centros, mayor coordinación con los servicios públicos de salud mental, formación específica, menos tarea burocrática y más tiempo para dedicarle directamente al alumnado".

Acoso escolar en Canarias

Según las cifras de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, durante todo el curso 2023-2024 se contabilizaron en el Archipiélago 204 solicitudes de activación de los recursos antiacoso. El número de casos confirmados fue de 29, mientras que el curso anterior había sido de 36. La administración relaciona este descenso con la creación, en todos los centros públicos y concertados, de la figura de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado.