¿Qué hace ese teléfono móvil ahí?

Arrecife

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha recordado que los teléfonos móviles están prohibidos dentro de los centros penitenciarios "porque permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles". Añade que esta prohibición no solo responde a criterios de seguridad, sino también al cumplimiento del mandato constitucional de reeducación y reinserción social y señala que los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para el orden interno.

Entre 2020 y 2024 se han incautado un total de 157 terminales en el centro penitenciario de Tahiche, en Lanzarote. En los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número asciende a 12.882 y solo en 2024, se decomisaron 2.884 dispositivos, de los cuales 35 fueron requisados en la prisión lanzaroteña.

Desde ACAIP-UGT, han querido poner en valor el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos penitenciarios que, "a pesar de los medios limitados y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para frenar este tipo de contrabando".

Señala el sindicato que muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como los condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad. El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también genera conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia.

ACAIP afirma que los funcionarios deben hacer frente a esta realidad con medios claramente insuficientes ya que los terminales, cada vez más pequeños y fabricados con componentes plásticos, escapan fácilmente a los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados. Esto obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros.

Además, señala que han surgido nuevos métodos de introducción que suponen una grave amenaza para la seguridad como son los drones, ya que su capacidad de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros.