Sobre la residencia

En el reciente congreso de Coalición, y a propuesta de sus juventudes, se aprobó una resolución que debería haber encendido las alarmas jurídicas de un país menos enfrascado en sus reyertas que este: lo que se plantea es establecer una fiscalidad diferenciada para quienes deseen residir en Canarias, “gravar más a quienes no sean canarios”, de acuerdo con una interpretación restrictiva de la definición que de ‘canario’ ofrece el Estatuto de Autonomía. Canario solo podría ser a partir de ahora quien ya reside en Canarias, pero no el peninsular o comunitario que a partir de ahora quisiera vivir aquí. La resolución del Congreso coalicionero introduce en nuestra legislación un canon de arraigo, una especie de fianza identitaria, que separa a los ‘residentes legítimos’ de los intrusos. Si puedes pagar más, bienvenido; si no, mejor te quedas en tu casa. Lo grave no es que esto sea un disparate político -lo es-, sino que se trata de una violación palmaria del artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la libertad de circulación y residencia en todo el territorio nacional. Ni Bruselas ni ningún tratado europeo pueden justificar lo que no es constitucionalmente admisible. Convertir la residencia en mecanismo de control demográfico, al margen de derechos fundamentales es una frivolidad impropia de un partido serio, y -sin embargo-, es el terreno en el que el partido de Clavijo pretende construir su relato: convertir Canarias en espacio protegido, pero no frente a la desigualdad, sino frente a los de fuera.

Recapitulemos: el crecimiento demográfico del archipiélago es insostenible, la emergencia habitacional es real, y la llegada masiva de foráneos reduce las posibilidades de acceso a la vivienda y los recursos a quienes vivimos aquí. Todo eso es cierto, pero la solución no puede ser levantar un muro legal entre los que están y los que quieren venir. Y mucho menos, uno que discrimine en función del bolsillo.