Sobre la votación del decreto

El Congreso convalidará hoy el real decreto ley que permite el reparto de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias al resto de regiones. La norma, que entró en vigor el mes pasado, tras ser aprobada en el Consejo de Ministros, después de una tormentosa y agotadora maratón de reuniones y desencuentros, persigue aliviar la saturación de los centros de acogida en las islas (y también en Ceuta) y garantizar así una atención digna a los menores. La situación de hacinamiento que sufren los niños, no es un fenómeno nuevo: la sobrecarga del sistema de acogida en las islas es cada vez más evidente en los últimos años, mientras el Gobierno Sánchez miraba para otro lado. Ni un solo gesto de solidaridad territorial, ni un plan coherente para la distribución de menores, ni una estrategia de integración. Sólo seis años de excusas, parches y un discurso buenista que no se ha traducido jamás en medidas reales. Por fin, Moncloa aceptó el formato propuesto por Clavijo, que logró además el apoyo de Junts. El decreto reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería estableciendo criterios supuestamente objetivos de distribución, por lo que su aplicación se enfrenta a la resistencia de las regiones gobernadas por el PP. El Gobierno prevé sacar adelante la convalidación con los votos de los socios de Sánchez, mientras que PP y Vox votarán en contra. Pese a los esfuerzos del PP canario por lograr la abstención, se espera que todos los diputados –incluso los canarios- mantengan la disciplina y voten contra la convalidación.

El presidente Clavijo, asistirá al debate en el Congreso tras regresar de la reunión de las RUP en Reunión. Clavijo espera conseguir que el PP no obstaculice judicialmente la aplicación del decreto, y pedirá a Feijóo que evite posibles recursos de comunidades populares ante el Constitucional. Queda pendiente de resolver por el Gobierno la orden de traslado de mil menores solicitantes de asilo, cuyo plazo de vencimiento culmina hoy. Este asunto, la oposición de las regiones gobernadas por el PP a los traslados, y la cesión a Cataluña la capacidad de rechazar emigrantes que no hablen catalán, son la demostración del naufragio moral que se ha producido en la gestión política de la migración española.