La otra cara del alquiler en Las Palmas: una casa, once vidas, cero derechos

Las Palmas de Gran Canaria

Once personas se han quedado en la calle tras ser desalojadas de una vivienda en el barrio capitalino de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Nadie les avisó. Ocurrió hace justo una semana, cuando, sin previo aviso, todos fueron obligados a abandonar la casa terrera en la que vivían desde hacía años, cada uno en una habitación que alquilaban por entre 250 y 400 euros al mes.

La vivienda, que con el tiempo se había convertido en una infravivienda, no estaba siendo alquilada por su propietario, sino por una mujer que la subarrendaba. Ella pagaba 800 euros mensuales al dueño mientras cobraba por cada habitación, ingresando hasta 3.000 euros al mes. Todo ello, sin conocimiento del dueño real.

Desde 2022, el propietario intentaba recuperar su casa por vía judicial y, finalmente, tras varios procesos, se autorizó el desalojo. Se llevó a cabo el lanzamiento y once personas que llevaban años viviendo ahí se vieron en la calle de buenas a primeras. Una tuvo que ser ingresada en el Hospital Doctor Negrín por un cuadro de ansiedad; que se ha ido a la residencia de Taliarte, a través del Cabildo. Otras ocho fueron realojadas en casas que les ofreció la misma persona que estaba subarrendando la vivienda, y encima incrementando el precio. Y luego hay otras dos. Están en una pensión cercana y quieren encontrar una vivienda digna.

Una pensión como refugio temporal

Inmaculada Talavera, de 71 años, es una de las personas afectadas. Ha trabajado toda su vida en el aeropuerto, en inmobiliarias y hasta en un casino. Cotizó más de 30 años y, aunque percibe una pensión, no tiene familia cercana y vive con problemas de movilidad tras una reciente operación de cadera. Ocho años llevaba en esa casa.

“Ya había pagado el mes completo y no nos dijeron nada. De repente estábamos todos fuera. Nos vemos en la calle, sin ropa, no te dejan coger nada... Yo estaba acostada, oigo los golpes, el taladro y no entendía nada", denuncia.

Ahora comparte habitación en una pensión con Stanley Hammond, ghanés, viudo, de 53 años, también desalojado. Entre ambos abonan 100 euros diarios por alojamiento. Se conocieron en aquella casa y se han acompañado desde entonces. “No puedo dejarla sola”, cuenta Stanley, que también lleva más de 30 años en la isla.

El rechazo a El Lasso

A Inma se le ofreció el recurso del Centro de Acogida Municipal El Lasso, pero lo ha rechazado. “No es el perfil de recurso que necesito”, explica. Stanley también declinó la oferta de un alojamiento en La Isleta. No piden una ayuda asistencial, sino una vivienda digna y asequible que puedan pagar. Calculan que juntos podrían asumir un alquiler de entre 650 y 700 euros al mes.

Desde el Ayuntamiento aseguran que las puertas están abiertas para quienes lo necesiten, aunque reconocen que Bienestar Social solo tiene competencias en alojamiento temporal para personas sin hogar, no en políticas de vivienda o alquiler. Carmen Vargas, concejala del área, subraya que “se les atenderá si requieren asistencia inmediata”.

"La política en materia de vivienda tiene que ser una prioridad absoluta"

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, considera que "es complejo y cualquiera se puede ver abocado a eso. ¿Quién podría pensar que con 700 euros no puedes encontrar una vivienda?. El problema de la vivienda tiene muchos frentes, hay que construir más, tanto pública como privada y controlar los precios".

Apoyo ciudadano y cuenta atrás

La plataforma Derecho al Techo les está prestando ayuda, no solo con alojamiento, sino también con gestiones digitales que ellos no dominan. Jonathan Mesa, portavoz del colectivo, ha sido clave para encontrar una salida. Ambos afectados han fijado el lunes 19 de mayo como fecha límite para dejar la pensión. Si no consiguen una alternativa, tendrán que ingresar en recursos municipales. “Lo único que piden es poder rehacer su vida. No dejaron de pagar ni un solo mes”, concluye Jonathan.

Esta historia revela una realidad extendida: la dificultad para acceder a una vivienda digna incluso para quienes cuentan con ingresos estables. Una situación que, como ellos mismos dicen, podría ser la de cualquiera de nosotros.