60.000 vacantes y 154.000 parados: los motivos (y posibles sanciones) por los que los miles canarios rechazan ofertas de trabajo

Santa Cruz de Tenerife

Canarias no logra cubrir unos 60.000 puestos de trabajo vacantes pese a tener un paro registrado de 154.600 personas (el pasado abril). Es la contradicción del mercado laboral de las islas que reconoce el propio ejecutivo autonómico. Sin embargo, un estudio del Observatorio Canario de Empleo explica las causas que llevan a los desempleados a rechazar ofertas de trabajo.

El informe 'Análisis de las causas de la no disponibilidad y rechazo de las personas en búsqueda activa de empleo a las ofertas de trabajo' data de 2023. Concluye que la ocupación con más rechazos voluntarios registrados fue la del personal de limpieza (1.409 negativas). Le siguen los camareros (1.140) y los cocineros (1.131). También los albañiles (953) y los vendedores en tiendas y almacenes (615). "Encontramos mayoritariamente ocupaciones vinculadas a la hostelería y la construcción y que demandan un nivel formativo medio-bajo", concluye la investigación.

Las ocupaciones más rechazadas en Canarias

Sin embargo, en términos porcentuales y en relación con el número total de candidaturas gestionadas, destaca una mayor diversidad en lo relativo al sector y al nivel formativo. Así, los empleos domésticos son los más rechazados (74%). También destacan los enfermeros no especializados (42%) y los médicos de familia (40%).

El Observatorio fija ocho motivos principales por los que la población en búsqueda de empleo rechaza oportunidades laborales: dificultades a la hora de conciliar; problemas de movilidad por la distancia entre la vivienda y el puesto; condiciones laborales (turnos, salarios, esfuerzo físico o trabajo en los festivos); causas relacionadas con la salud mental y física; falta de información; baja calidad de las ofertas; y la brecha digital.

Conciliación y transporte, entre los factores clave

En la antena de Radio Club Tenerife, la consejera de Turismo y Empleo ha reconocido que una de las grandes claves para que no se rechace un empleo es garantizar la conciliación: "Cuestión en la que tenemos que avanzar muchísimo en Canarias, dándole apoyo sobre todo a las madres trabajadoras y a aquellas personas que quieran serlo (padre) solas". A este factor, Jessica de León ha sumado el precio de la vivienda y el transporte, "entendiendo que las oportunidades laborales se dan bastante lejos del domicilio. Estar en carretera continuamente es un hándicap y un sobrecoste".

La dirigente del Partido Popular señala también la falta de atractivo y la crisis reputacional que atraviesan algunos sectores. "Hay que ir casándolo", ha asegurado. De León llama además a cumplir la Ley de Empleo. En este sentido, ha indicado que "el Ministerio ya ha dicho que avanza en esa orden" con la que se plantean sanciones para las personas que rechacen una oferta de formación o empleo de forma injustificada. "Llámese la conciliación por causa justificada, o cuidar a un familiar", ha matizado.

Sanciones por rechazar una oferta sin justificación

El propio Ministerio de Trabajo ya establece en su página web las sanciones a las que se enfrentan quienes reciben prestaciones por desempleo si no cumplen sus obligaciones. Contempla como infracción grave "rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación, salvo causa justificada". También se refiere a la negativa a "participar en acciones, programas o actividades señalados en el itinerario o plan personalizado para la mejora de la empleabilidad y el acceso al mercado de trabajo, salvo causa justificada". La primera infracción grave conlleva como sanción la pérdida de tres meses de prestaciones. La segunda infracción supone la pérdida de seis meses, mientras que el tercer hecho con lleva la extinción.

El propio informe del Observatorio reconoce que "ni la Organización Internacional del Trabajo ni el Servicio Canario de Empleo proporcionan una definición explícita de "rechazo justificado de una oferta de empleo". Sin embargo, recoge que para el organismo autonómico "una justificación legítima (...) podría ser que el trabajo esté por debajo del nivel de habilidad o experiencia de la persona, o que las condiciones laborales o la remuneración no sean adecuadas" así como que "estén por debajo de los estándares legales o del mercado laboral". Por último, recoge causas relacionadas como los problemas de salud o cuidado de personas dependientes.