Opinión

Sobre la ponencia del Constitucional

El enfoque de Francisco Pomares

Cuando algo es indefendible, lo más inteligente es no defenderlo. Eso es exactamente lo que se hace en la ponencia del Constitucional sobre la ley de amnistía. No dice que sea una buena ley, ni justa, ni útil, ni que mejore la convivencia. Solo afirma que no es inconstitucional. Y que, como el Parlamento puede legislar sobre lo que quiera –siempre que no lo prohíba expresamente la Constitución–, pues adelante.

La magistrada Montalbán ha necesitado casi doscientas páginas para no decir nada relevante sobre una ley que ha fracturado al país. Nada sobre su contexto, nada sobre la investidura que depende de los votos de los beneficiarios de la norma, nada sobre la utilización del Congreso como notaría de intereses particulares. Y lo más chocante: no hace falta –dice el texto– ninguna razón especial de justicia para aplicar una amnistía. Basta con que el legislador la quiera.

El problema no es jurídico, es democrático. La ponencia convierte al Parlamento en un espacio sin límites, ignorando que las democracias no solo se basan en lo escrito, sino también en el respeto al interés general y a la equidad ante la ley. Se rechaza que la amnistía sea un indulto general, aunque se le parezca mucho. También se afirma que no invade competencias judiciales, aunque su efecto práctico sea borrar delitos ya juzgados. Y no se exige que la ley tenga efectos positivos. De hecho, la amnistía no ha pacificado nada: ha dividido, ha encanallado el debate, ha legitimado a quienes se saltaron la ley y ha dejado vendidos a quienes la aplicaron y a los millones de ciudadanos catalanes que la cumplieron. Pero todo eso no importa. No es asunto del Constitucional.

No hay una sola mención crítica a la exclusión de ciudadanos particulares contrarios al procés en la amnistía, ni al hecho de que el fugado Puigdemont, se beneficie sin devolver un euro. Nada importa, salvo que el texto no contradiga un artículo concreto de la Constitución.

La amnistía será constitucional, pero eso no la hace aceptable. Solo la hace posible. Que es, en el fondo, lo que Moncloa necesita.