Sobre la protesta de los jueces

Miles de jueces y fiscales de toda España interrumpieron ayer su trabajo durante diez minutos para protestar en silencio contra las reformas del Gobierno. No reclamaban más sueldos ni medios para acabar con el colapso de los juzgados. Protestaban por la amenaza directa a la independencia judicial.

El paro, seguido por cerca del 70 por ciento de los convocados en toda España, reunió a magistrados y fiscales frente a los tribunales, con toga o sin ella, para denunciar una reforma que pretende entregar la instrucción penal a la fiscalía, justo cuando el entorno del presidente está cercado por causas judiciales, y el propio fiscal general imputado. El gesto fue sobrio, pero el mensaje rotundo: así no.

El ministro Bolaños asegura que se trata de “europeizar” la Justicia. Pero olvida decir que, en esos países, la fiscalía no depende del Gobierno. En España sí. Por eso, los jueces denuncian que el cambio no es una modernización, sino una intervención política que pone en riesgo el equilibrio de poderes y las garantías del Estado de derecho. Las asociaciones judiciales alertan de que esta reforma se suma a una serie de ataques: críticas a los jueces que investigan al poder, acusaciones de lawfare, desprecio por las resoluciones judiciales, y un intento de convertir el Poder Judicial en una institución dócil y alineada.

La protesta también se sintió en Canarias, donde se leyó el manifiesto exigiendo la retirada de las reformas, el fin de la apropiación del Ministerio Fiscal y el respeto a la neutralidad del Poder Judicial. Los jueces recuerdan que sin independencia no hay Justicia, y sin Justicia libre no hay democracia. Lo que está en juego es que quien gobierna no pueda elegir quién lo juzga.