Un guardia civil denuncia una presunta prevaricación tras abrirle un expediente disciplinario

Arrecife

Un agente del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en Arrecife, Lanzarote, ha denunciado a su superior jerárquico por un presunto delito de abuso de autoridad y prevaricación administrativa, tras la apertura de un expediente disciplinario en su contra que considera injustificado y carente de base legal.

Los hechos se originan el pasado 11 de febrero, cuando el agente sufrió un accidente mientras prestaba servicio en motocicleta. El siniestro, que le causó lesiones físicas con alta médica el 22 de mayo, se debió al reventón del neumático trasero, "el cual presentaba un desgaste ilegal en la banda de rodadura y no era técnicamente adecuado para una motocicleta de más de 300 kg". Según el agente, el vehículo oficial circulaba con un neumático tipo sport en lugar de uno de turismo gran tamaño, lo que incrementaba el riesgo.

Durante la tramitación del parte del accidente, se detectó que la autorización administrativa del agente para conducir vehículos oficiales estaba caducada. El guardia recuerda que el Real Decreto 628/2014, en su artículo 6, establece que la responsabilidad de renovar dicha autorización recae exclusivamente en el jefe del destacamento, "quien debe actuar con al menos tres meses de antelación al vencimiento".

El agente fue requerido, el 17 de junio, por ese mismo superior y notificado del inicio de un expediente disciplinario por falta grave, basándose en la supuesta infracción de sus obligaciones profesionales.

El guardia civil sostiene que esta actuación constituye una "resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia y por tanto, un posible caso de prevaricación administrativa (art. 404 del Código Penal), además de un abuso de autoridad (art. 439)", al iniciarse un procedimiento sancionador "sin fundamento objetivo y con claros indicios de conflicto de intereses".

Asegura el agente que el propio superior firmante del parte disciplinario habría participado previamente en la investigación del accidente, ejerciendo de hecho como perito en la información verbal, lo que a juicio del guardia "vulnera claramente las causas de abstención previstas en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al combinar el rol de instructor, testigo y autoridad sancionadora en una misma persona".

El expediente cita el artículo 4 del Real Decreto 628/2014 —referido a la obligación de contar con permiso vigente—, "omitiendo de forma deliberada el artículo 6, que fija la responsabilidad directa del superior jerárquico en la tramitación de su renovación". El agente considera esta omisión como "una maniobra consciente para eludir su responsabilidad y trasladar las consecuencias al subordinado".

Ante la gravedad de la situación y al sentirse víctima de una persecución institucional, el guardia civil entregó voluntariamente su arma reglamentaria, manifestando no estar en condiciones anímicas para continuar prestando servicio. Minutos después sufrió una fuerte crisis de ansiedad en el propio despacho del superior, lo que obligó a su traslado de urgencia a un centro médico y posteriormente, al servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, donde recibió atención especializada.

El agente permanece actualmente en situación de baja psicológica, mientras se instruye un expediente que ya ha denunciado ante instancias competentes "por contener irregularidades graves y posibles delitos contra la Función Pública". Fuentes cercanas al afectado indican que está valorando ampliar la denuncia por la vía penal y solicitar el amparo de órganos internos de control.