Canarias y Estado coordinan la acogida de menores migrantes solicitantes de asilo

Las Palmas de Gran Canaria

Un encuentro crucial para poder garantizar que los menores migrantes solicitantes de asilo en Canarias entren de manera directa al sistema de protección internacional. Este es uno de los aspectos que se incluyen en el acuerdo que hoy pondrá sobre la mesa el Gobierno de Canarias en un encuentro entre el ejecutivo regional y el Estado y que se espera que el Gobierno central firme. En esa reunión entre ambas administraciones se constituirá, también, el Comité Interadministrativo.

Ese Comité trabajará en la atención de los menores migrantes solicitantes de asilo en el Archipiélago, una cifra que se sitúa en 1.130 menores de los más de 5.000 que se acogen en las Islas.

El Gobierno canario espera que de esta manera se dé respuesta a los requerimientos que ha hecho el Tribunal Supremo al Gobierno de España en dos autos, con vistas, también, a la culminación del plazo de 15 días que dio el Supremo al Estado para informar de su hoja de ruta.

"El Gobierno de Canarias ya tiene el escrito"

Este martes, en el pleno del Parlamento de Canarias, el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo aseguró que el Gobierno de España "se niega sistemáticamente" a atender al millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente en los recursos de protección de las islas.

Sin embargo, este miércoles, en SER Las Palmas, el portavoz socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, ha asegurado que "la Consejería de Servicios Sociales tiene desde este lunes un escrito del Gobierno de España, de la secretaría de Estado, comunicando la relación de niños que tiene el Ministerio del Interior para que el gobierno regional confirme que esas personas están en el sistema canario de protección".

Franquis ha asegurado que por ese motivo "me sorprenden las declaraciones de Clavijo" de este martes en sede parlamentaria porque, asegura el socialista, "está mintiendo y no está afrontando la realidad".

"Cada reunión va a ser grabada"

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, ha explicado esta miércoles en Hoy por Hoy Las Palmas como se hará el seguimiento de los cumplimientos estatales: "En nuestras premisas se establece que en 3 días naturales o 5 días hábiles tienen que estar tramitados los expedientes".

Cabello ha añadido que ese asunto "se va a comunicar semanalmente al Tribunal Supremo" y ha asegurado que cada reunión del Comité Interadministrativo "va a ser grabada y remitida al Supremo quincenalmente para que, caso a caso, el Supremo vea quien esta poniendo palos en la rueda, y quien no está cumpliendo".

"Se va a ir caso a caso. Ya no es solo el hacinamiento físico y el hacinamiento social, sino también es un tema de recursos y de la capacidad para poder seguir absorbiendo lo que está llegando y de descongestionar los centros, teniendo en cuenta que tenemos centros con más de 350 menores", algo que, indica Cabello, "a todas luces, no es adecuado".

Reunión con el Ministerio de Hacienda

El portavoz de Gobierno de Canarias ha detallado que hay una reunión pendiente "entre el ejecutivo autonómico y la ministra de Hacienda" y ha explicado que "hace dos semanas remitimos un escrito con un informe de Hacienda en el que se relacionaban, de manera exacta, los gastos" que conlleva la acogida de menores migrantes en Canarias.

Pendientes de ese encuentro, Cabello ha asegurado que el Gobierno regional sigue trabajando "en tres frentes diferentes: el económico; el del Tribunal Supremo, con los menores que tienen derecho a estar en el Sistema de Protección Internacional; y el que corresponde a los más de 4.000 menores que se encuentran pendientes de la modificación de la Ley de Extranjería".

Reunión Pacto Canario por la Migración

Para este jueves, justo después del encuentro con el Estado, el presidente de Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado el Pacto Canario por la Migración. Un encuentro en el que se dará cuenta de las premisas que el ejecutivo regional plantea en la asunción, por parte del Estado, del acogimiento a los menores migrantes solicitantes de asilo, como ha ordenado el Tribunal Supremo.