Cierra un centro de menores migrantes en Canarias y el Gobierno achaca los presuntos malos tratos al hacinamiento
La Policía Autonómica Canaria ha registrado este jueves dos centros de menores gestionados por la entidad Quorum 77 en Gran Canaria y ha detenido a dos directivos de la entidad
''Son delitos de mucha gravedad": Fernando Clavijo, presidente de Canarias
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Gran Canaria
El presidente de Canarias reconoce que "tanto menores durante tanto tiempo, es muy complicado que los controles nos sirvan". En concreto, se han realizado un total de seis entradas y registros, entre ellos dos centros de menores, siendo uno el de José García I, situado en la playa de El Cabrón, en el municipio de Agüimes (Gran Canaria). Este centro de Agüimes, en base al registro, ha sido cerrado, por lo que desde la Consejería regional de Infancia ahora tienen que buscar un lugar para trasladar a los 148 jóvenes que residían en el mismo. En cuanto a las dos detenciones practicadas por el momento en Gran Canaria, una se ha producido en Arinaga y otra en Firgas.
Fernando Clavijo ha agregado que su Gobierno colaborará para que se esclarezcan todos los detalles de este asunto y ha expresado "máxima preocupación" por la vulneración de los derechos de los menores. "Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto", ha señalado el presidente.
Los registros parten de la denuncia a la Fiscalía que puso en marcha la Consejería de Bienestar Social hace ya unos meses y la Consejería asegura que solo ha recibido instrucciones por el momento de clausurar uno de ellos, el José García I, de Arinaga, un recurso con 148 menores alojados.
Cierre anterior en mayo
Estos registros y detenciones, apuntan, se producen presuntamente tras el cierre y precinto judicial del centro para menores con medidas de reforma 'EMENA la Fortaleza I', ubicado en la localidad de Monte Lentiscal, dentro del municipio de Santa Brígida, en mayo de 2025, y que también estaba gestionado por Quorum 77.
En este caso la orden del cierre se produjo ante evidencias de presuntos delitos de lesiones y odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas en el ámbito de la actividad del centro, según informó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
