El 95% de los portales de transparencia municipales aprueban en Canarias, pero los usuarios reclaman respuestas claras y en plazo

Las Palmas de Gran Canaria

El Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) ha otorgado una buena calificación a las administraciones isleñas: el 95% de los portales municipales han aprobado la evaluación del Comisionado de Transparencia, con una nota media de 8,25 puntos, ligeramente superior al 8,16 del análisis anterior.

Sin embargo, ciudadanos y asociaciones recuerdan que el verdadero ejercicio de transparencia no se limita a publicar datos en una web, sino a responder en tiempo y forma a las solicitudes de información que realizan los vecinos, y hacerlo de manera comprensible.

El presidente de la Asociación por la Transparencia en Canarias, Mikel Prat, advierte de que las altas puntuaciones del ITCanarias pueden ocultar carencias reales en la atención a las demandas de la ciudadanía. “Lo realmente importante no es solo la nota de un portal de transparencia, sino lo que pasa cuando un ciudadano ejerce su derecho de pregunta. Muchas veces, la información que se entrega es demasiado técnica o confusa, y la administración debería esforzarse por ofrecerla de forma clara y comprensible”, señala.

Prat recuerda casos en los que ni siquiera se cumple el plazo legal de respuesta: “El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con casi 400.000 habitantes, tiene todavía solicitudes pendientes de 2024 y 2018, lo que es un fracaso en términos de transparencia”. Añade que esta situación se repite en instituciones como el Cabildo de Gran Canaria o el Gobierno de Canarias, que acumulan decenas de preguntas sin resolver, y que, cuando finalmente responden, “en ocasiones lo hacen tarde o con un lenguaje que no facilita su comprensión”.

Además, en pleno mes de agosto, algunos portales todavía no han actualizado la información correspondiente a 2025, lo que, según los usuarios, pone en entredicho la relación entre las cifras oficiales y la realidad de las preguntas y respuestas que tramitan las administraciones.

Prat insiste en que es clave que la ciudadanía ejerza su derecho de pregunta, ya que esto obliga a las administraciones a ser más ambiciosas en transparencia y a mejorar la calidad de la información que ofrecen.