Fiscalía admite dificultades para vigilar y probar malos tratos a menores migrantes en Canarias

Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía cumple con su labor inspectora, pero los centros de protección de menores en Canarias no están lo suficientemente vigilados. Lo reconoce la propia Fiscal de Extranjería, Teseida García, en declaraciones a la Cadena SER. "Con una plantilla de siete, ocho o nueve Fiscales en Las Palmas y un equivalente en Tenerife, tenemos que visitar toda la tipología de centros que existen. Si en Gran Canaria hay cincuenta centros de menores extranjeros no acompañados, a los que hay que sumar los centros comunitarios, los de reforma... ¿Cuándo se hacen los juicios?, ¿el papeleo? Es imposible", reconoce la Fiscal. Es una vieja demanda de la Fiscalía en Canarias: se necesitan más medios para afrontar la situación terrible que están viviendo los menores migrantes en el Archipiélago.

De hecho, la falta de medios y de personal favorece que existan zonas de sombra a las que resulta difícil llegar, en centros saturados y con tipologías muy diferentes. Según publica El País, en 2024, con 86 centros de menores migrantes funcionando en las islas, la Fiscalía debería haber llevado a cabo más de 340 inspecciones, pero no ha llegado a 100. Teseida explica que la obligación de inspeccionar trimestralmente los centros no afecta a todas las instalaciones, sino a los Centros de Atención Inmediata (CAI).

Centros infravigilados y zonas de sombra

García califica de "imposible" inspeccionar todos los centros de menores no acompañados con una periodicidad trimestral. Sí lo hacen, asegura, con los Centros de Atención Inmediata (CAI), tal y como ordenan los protocolos del Ministerio Fiscal. "Acudimos con agentes de la Policía Canaria, tenemos que contar con su agenda y son los que son. Es imposible que en un solo día haya tres fiscales haciendo visitas a centros de menores no acompañados", reconoce.

Además, la mayoría de estas visitas son avisadas previamente, lo que facilita que los responsables de esos centros tengan tiempo de ocultar las posibles irregularidades. No obstante, según García, es una obligación de la Fiscalía avisar, porque los menores tienen derecho a hablar con el Fiscal, y porque debe estar el director y proporcionar informes y documentación exhaustiva. Esto no significa que no se hagan inspecciones sorpresa, pero muy pocas. En todo 2025, en la provincia de Las Palmas, solo dos de las inspecciones han sido sorpresa.

La dificultad para probar los malos tratos

Dos jóvenes migrantes se personaron el pasado mes de septiembre en la Dirección General de Protección de la Infancia para denunciar malos tratos en el centro en el que residían, Fortaleza I, un caso que sigue adelante porque se han encontrado indicios claros de delito. La Fiscalía no puede pronunciarse sobre un caso sub iudice, sin embargo, las sospechas se extienden a otros centros. En palabras de la Fiscal, hablamos de malos tratos, insultos y agresiones, para los que existen protocolos forenses en el Instituto de Medicina Legal. De hecho, han llegado partes de lesiones al juzgado, pero no han prosperado. El riesgo para los menores es claro: pero si no se puede probar, no hay delito.

"Llevo veinte años en esto... cuando uno hace una visita a un centro puede sospechar, pero no podemos actuar por meras sospechas o conjeturas", reconoce Teseida García. "¿Que existen? Todo apunta a que esa rumorología pudiera ser verdad. De hecho, hay un caso abierto del que no voy a hablar, pero todas las demás denuncias no han podido seguir adelante", añade. Que las denuncias de malos tratos prosperen no es algo que dependa únicamente de Fiscalía, sino de muchos otros factores, como la existencia de pruebas contundentes o la voluntad del magistrado de turno de investigarlo.