Una familia con seis menores a su cargo, a unas horas de verse en la calle en Gran Canaria

Las Palma de Gran Canaria

Una familia de ocho miembros, entre ellos seis menores de entre 3 y 14 años, afronta un desahucio señalado para el jueves 11 de septiembre, según denuncia la plataforma Derecho al Techo. Se trata de una familia trabajadora y arraigada en el municipio, que perdió la capacidad de pagar su hipoteca durante la pandemia de la COVID‑19. En ese tiempo se acumuló una deuda de 6.000 euros y la vivienda fue adquirida por el fondo buitre “Promontorio Yellowstone”. Desde entonces, aseguran, la entidad se ha negado a negociar una solución de pago asumible, pese a que el padre ya ha recuperado su empleo y la familia está dispuesta a regularizar la deuda y continuar en la casa.

El lanzamiento está fijado para las 12:00 horas, de este jueves, en la calle Alonso de Mato, número 60, en Ingenio. Según relata la plataforma, el fondo propietario exige ahora 137.000 euros, lo que obligaría a la familia a volver a hipotecarse, o de lo contrario abandonar la vivienda “con una mano delante y otra detrás”. Derecho al Techo subraya que, durante meses, los afectados han buscado vivienda alternativa sin éxito, debido a los precios de alquiler disparados y a una oferta prácticamente inexistente en Canarias. Añaden que la especulación financiera y la falta de mediación institucional han bloqueado cualquier salida viable.

"No nos falta comida ni ropa"

El padre de la familia, Moisés Marcial Rodríguez, explica que ha intentado buscar soluciones sin éxito: “Tengo seis hijos menores de edad, entre tres y catorce años, y he pedido ayudas al Ayuntamiento, pero lo único que me ofrecen es pagar un alquiler durante dos meses. ¿Cómo puedo yo acceder a una vivienda de alquiler si me exigen contrato y nómina de muchos meses? Solo pido una casa o que analicen bien nuestra situación. Soy una persona trabajadora y no quiero que a mis hijos les falte de nada. No nos falta comida ni ropa, pero sí tenemos un problema grave con la vivienda”.

Moisés relata que apenas ha recibido apoyo institucional: “Lo único que me han dado en este tiempo fue una tarjeta de supermercado por valor de 120 euros, y tenía que esperar seis meses para recibir otra ayuda. Sí nos han ofrecido apoyo psicológico para mí y para mis hijos mayores, porque uno de mis mellizos sufre ataques epilépticos y necesita tratamiento”. Asegura que la presión es enorme: “Me han llegado a decir que si no encontraba un sitio donde quedarme con mis hijos, podían quitármelos y mandarlos a un centro. Llevo 15 años trabajando y sacrificándome para que no les falte de nada, y ahora, de un día para otro, nos quieren echar a la calle”.

El afectado insiste en que no pide caridad, sino una solución justa: “Yo no quiero que me regalen nada. Con mi contrato fijo puedo pagar una cantidad razonable. Durante 14 años pagamos religiosamente la hipoteca y solo durante la pandemia dejamos de pagar porque los ingresos cayeron en picado. Fui incluso a pedir un préstamo personal para saldar la deuda, pero el fondo que compró mi vivienda no quiere negociar. Solo me ofrecen dos opciones: pagar mil euros al mes o abandonar la casa. No plantean la posibilidad de un alquiler social o de facilitar un acuerdo de pago. Solo pido un techo para mis hijos. Si fuera solo yo y mi mujer, dormiríamos en cualquier sitio, incluso en un coche, pero con seis niños es imposible”.

La plataforma recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, prohíbe dejar a menores en situación de desamparo, y que el artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna. Por ello, exigen la paralización inmediata del desahucio, la mediación entre la familia y el fondo buitre para establecer condiciones justas de pago y la garantía de una alternativa habitacional digna y estable en caso de que el desalojo se ejecute.

Dos meses de alquiler

Según Derecho al Techo, el Ayuntamiento de Ingenio conoce la situación, pero su única propuesta ha sido cubrir dos meses de alquiler, una medida que califican de insuficiente y que no evita que la familia quede en la calle. La alcaldesa, Vanesa Martín, ha afirmado a la Cadena Ser que desde su administración "le estamos ofreciendo todos los recursos que tenemos y agotando todas las herramientas que nos permite las competencias que nos otorgan, desde servicios sociales se le ha hecho seguimiento y acompañamiento en todo momento y seguiremos a disposición de la familia, las competencias nuestras llegan hasta donde llegan, son desesperantes estas situaciones, lo mínimo que tiene que tener un ser humano es un techo".

Ante la inminencia del lanzamiento, Moisés lanza un llamamiento: “Solo pido que nos ayuden. No quiero nada regalado, yo trabajo y puedo pagar. Pero necesito una vivienda asequible donde criar a mis hijos. Lo pido por ellos, no por mí. A un padre le duele que le quiten a sus hijos por no poder pagar una casa”.

Derecho al Techo convoca a vecinos y colectivos a concentrarse frente a la vivienda de la calle Alonso de Mato para intentar evitar el desahucio. Insisten en que se trata de un caso que pone en riesgo a seis menores y que choca de lleno con la legislación internacional y constitucional que protege el derecho a una vivienda adecuada.