Torres y dos exconsejeros de Sanidad, señalados como "responsables políticos" de la contratación durante el Covid en Canarias

Santa Cruz de Tenerife

La responsabilidad política de los contratos que se realizaron durante la pandemia en Canarias es de Ángel Víctor Torres, Blas Trujillo y Julio Pérez. Es la principal conclusión del informe preliminar que ha elaborado el presidente de la comisión de investigación del Parlamento autonómico tras más de un año analizando documentos y escuchando a comparecientes. El texto será discutido a partir de este viernes, 26 de septiembre, por los grupos parlamentarios.

El borrador, adelantado por el periódico El Día este fin de semana, circunscribe la "responsabilidad política" al expresidente autonómico y a dos exconsejeros de Sanidad, dejando al margen a Conrado Domínguez (exdirector del Servicio Canario de la Salud) y Ana María Pérez (exresponsable de Recursos Económicos). Ambos están siendo investigados por la justicia por las contrataciones durante la crisis sanitaria. En la antena de la SER, el presidente de la comisión parlamentaria ha explicado el porqué: "Tenemos que diferenciar el plano penal del político. Puede que no exista responsabilidad penal y política sí", ha asegurado Raúl Acosta (Agrupación Herreña Independiente) incidiendo en que la labor de los grupo no es "juzgar la comisión de un delito".

Además, alude al propio organigrama del gobierno del 'Pacto de las Flores' porque "si para las cosas buenas, para la baja incidencia que hubo en las islas o la respuesta que se dio, hay un rédito político, también en las cosas negativas tiene que haber una responsabilidad". Bajo la lupa hay varios contratos. El primero, el que se llevó a cabo con la empresa automovilística RR7. Se pagaron cuatro millones de euros por una partida de un millón de mascarillas que nunca llegó a utilizarse. El dinero se esfumó. También en cuestión están los más de 12 millones adjudicados a Soluciones de Gestión, empresa implicada en el 'caso Koldo'.

Un contexto "salvaje"

El borrador de informe reconoce que el contexto de la pandemia fue "salvaje". "Muchas veces se robaba hasta el material sanitario", explica Acosta. Concluye que se produjo una relajación de los controles y que las contrataciones por la vía de emergencia, "recurrentes", ascendieron a un importe cercano a los 100 millones de euros. Sobre qué falló durante lo peor del Covid-19, ha apuntado que "algunos controles no se aplicaron" y que los dirigentes políticos derivaron la responsabilidad en funcionarios o directores. "¿Es aconsejable que una funcionaria tenga la responsabilidad de adquirir 100 millones de euros por emergencia, prácticamente a dedo, sin que haya un responsable político por arriba que le de unas pautas? Eso es criticable desde mi punto de vista", ha sentenciado.

Las recomendaciones del informe preliminar

En medio de un mercado feroz, el presidente de la comisión destaca que también hubo ejemplos de "buena praxis". Cree que se podría haber puesto en marcha un registro de empresas acreditadas donde quedara justificada su solvencia técnica y financiera para que "no se hubieran colado por la puerta de atrás" compañías que "desconocían el sector y se dedicaban a la compraventa de vehículos". Paradójicamente, fue el Ministerio de Fomento quien emitió una orden que "decía algo tan básico como que se pagara cuando se hubiera prestado el servicio o se hubiera entregado el suministro". Acosta concluye que fue algo que "se dejó de hacer" en Canarias durante la crisis. Entre las recomendaciones y mejoras que incluye el informe preliminar se encuentra una modificación de la ley estatal de Contratos, auditorías internas automáticas o una plataforma para monitorear en tiempo real los fondos y su uso porque "en casos de emergencia tiene que brillar la transparencia más que nunca".

El PSOE denuncia "intención política"

El Partido Socialista ha reaccionado a la publicación de las conclusiones del documento preliminar a través de su cuenta de X (antes Twitter) asegurando que "han filtrado el borrador de un informe, antes de que la ponencia lo trabajase, como si fuese algo definitivo con una evidente intención política: ir contra el PSOE canario y contra Ángel Víctor Torres". También la secretaria de Organización, Nira Fierro, ha calificado la comisión parlamentaria como "una persecución política contra Torres" y ha apuntado directamente a su presidente dado que pertenece "a los grupos que apoyan al Gobierno".

Acosta ha respondido este lunes tachando la acusación de los socialistas de "un poco lamentable" porque el PSOE, sabiendo que pertenece a la Agrupación Herreña Independiente, votó a favor de que se convirtiera en presidente de la comisión: "Esa justificación, además de peregrina, dice mucho de quien la haya puesto".