Canarias entregó 600.000 euros a una fundación bajo sospecha de corrupción
"En Canarias no aguantamos más, no tenemos más, no podemos más, no hay más de dónde sacar para atender a los menores", se justifica Candelaria Delgado. El Gobierno adjudicó un nuevo contrato a la Fundación Siglo XXI cuando ya existía una investigación
Cadena SER
Santa Cruz de Tenerife
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió cantidades millonarias durante el Gobierno del 'Pacto de las Flores' para gestionar distintos centros de menores migrantes en Canarias. Tras una exhaustiva investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cuatro directores, la propia entidad y un empresario inmobiliario han sido imputados por el presunto desvío de hasta 2.400.000 euros de fondos europeos según ha informado la Policía Nacional. El cuerpo concluye que hasta 1.100.000 euros se extrajeron en efectivo mediante reintegros fraccionados. Lejos de apartar de la gestión a esta Fundación, el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular le adjudicó en noviembre de 2023, cuando el escándalo ya era público, 600.000 euros más por la vía de emergencia. En concreto, entregaron 686.520 euros a la Fundación por el servicio de gestión del dispositivo de atención inmediata a personas menores migrantes no acompañadas Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria.
La Fundación sigue gestionando centros en Canarias
Según los datos proporcionados por el propio Gobierno de Canarias, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI sigue gestionando Guiniguada, Puerto Rico, Tomás Morales y Acorán, todos ellos responsabilidad de la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. En la plataforma de contratación del Estado figuran algunas de las veinte contrataciones que se hicieron de centros más pequeños, con los que se pudo ir bajando la presión de los grandes centros y cerrando algunos como Salinetas, Volcán de Timanfaya o el de Cruz Blanca.
Pataforma de contratación pública del Estado / Cadena SER
Pataforma de contratación pública del Estado / Cadena SER
En el momento de la adjudicación, la Fundación estaba siendo investigada por la Policía Nacional, que ha detectado transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales (como operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas) cargados a las cuentas de los centros en Gran Canaria y Lanzarote. Los implicados presentaron "facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas o facturas directamente ajenas a los centros", según la UDEF. La Policía Nacional también apunta a un supuesto entramado de alquileres sobredimensionados: el sobreprecio fue de 1.300.000 euros.
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"No hay más empresas", se justifica la consejera Candelaria Delgado
La justificación del Gobierno de Canarias
Según la consejería de Bienestar Social, el problema es que no hay alternativas. "La entidad no ha sido sentenciada a ningún tipo de acción, han sido unos trabajadores de esa entidad los que están imputados, no la entidad ni los directivos de esa entidad", ha dicho Candelaria Delgado en los micrófonos de Hoy por Hoy Canarias. La Policía Nacional asegura que la Fundación sí está imputada. "En Canarias no aguantamos más, no tenemos más, no podemos más, no hay más profesionales, no hay más entidades, no hay más de dónde sacar para atender a los menores. No hay más. Ya no se cómo decirlo", ha expresado con desesperación la consejera de Bienestar Social en la Cadena SER.
"Nosotros no podemos rescindir contratos porque algunas personas de la entidad, actuaran de forma ilegítima. Los órganos de contratación advierten de que la rescisión de los contratos supondría indemnizaciones por parte del Gobierno", explican fuentes del Ejecutivo regional a este medio. Hasta la fecha, no han trascendido las cantidades que habrían supuesto esas indemnizaciones. Sin embargo, la contratación de 600.000 euros se produjo cuando ya se conocía la investigación.
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"La investigación no es de esta época": Candelaria Delgado, consejera del Gobierno de Canarias
Sigue recibiendo millones de euros en Lanzarote
El caso más flagrante es el de Lanzarote, donde la Fundación Respuesta Social Siglo XXI sigue gestionando a día de hoy cinco hogares: no son centros grandes, y en su interior, acogen tanto menores extranjeros como nacionales en protección. El 13 de diciembre de 2024 el Cabildo de Lanzarote adjudicó a la Fundación para la gestión de los Centros de Menores Arrecife, César Manrique, Tinajo y Timanfaya por valor de 5.957.265,35 euros, cuando la investigación de la Policía Nacional estaba más que avanzada y eran públicas y notorias las corruptelas de esta organización.
Pataforma de contratación pública del Estado / Cadena SER
Pataforma de contratación pública del Estado / Cadena SER
La Fundación promociona sus servicios en Canarias
Esta Fundación utiliza las adjudicaciones de Canarias para promocionar sus servicios en la página web, incluyendo el período en el que sus responsables utilizaron presuntamente fondos públicos para viajes y comidas, entre otras cosas, según la UDEF. "En octubre de 2015 iniciamos nuestro trabajo de protección de menores en la isla de Lanzarote, actualmente gestionamos nueve centros en la Comunidad Autónoma de Canarias, cinco en Lanzarote dependientes del Cabildo insular de Lanzarote y cuatro en Gran Canaria dependientes de la Dirección General de Protección de Infancia y Familias", puede leerse en uno de los apartados de su página web.
