El 'decreto canario', condicionado a la estrategia política de los partidos

Santa Cruz de La Palma

Coalición Canaria y PSOE ultiman el decreto canario con la intención de que sea aprobado en unos quince días -no en el próximo consejo de Ministros, sino en el siguiente-. No obstante, es una negociación delicada en la que Canarias intenta ir a máximos: no solo va a pedir el 60% de bonificación en el IRPF o los 100 millones para La Palma, sino el uso del remanente, fondos para migración, obras hidráulicas e infraestructuras educativas, entre otras cosas. Todavía no ha trascendido la lista concreta de peticiones, pero está lejos de ser un decreto únicamente para los afectados por el volcán de La Palma. En las peticiones de Canarias hay implicados varios ministerios. Si el Archipiélago tensa demasiado la cuerda, es posible que haya que volver a negociar y las medidas para La Palma se retrasen todavía más.

Lo ha reconocido la propia consejera de presidencia del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, en la apertura de las primeras jornadas de la Administración Pública en La Palma. "Mañana si todo va bien los servicios jurídicos terminarán de perfilar algunos aspectos y estaremos en disposición de poder enviarlo", ha dicho Lady. "A partir de ahí es el Gobierno de España quien tiene que decir qué es lo que considera dejar o no dejar", añade. "Ojalá dejen todo, en el caso de que no, habrá que sentarse a negociar", zanja, lo que obviamente retrasaría más la aprobación.

La última palabra la tienen Montero y Clavijo

A las demandas de La Palma se unirán las del resto de Canarias, todas en el marco de la agenda canaria firmada por los tres partidos. Fuentes del PP reconocen que no están formando parte activa de la redacción de ese decreto: son un convidado de piedra. Eso si, confían en que las peticiones se ajusten a lo acordado en la agenda canaria, ni más ni menos. Los agricultores de La Palma necesitan los cien millones de euros para sostener al sector, pero el PP está pidiendo trescientos. Si finalmente llegan solo cien, la estrategia del PP pasa por decir, por enésima vez, que el Gobierno de España no cumple con Canarias.

Si todo sale bien, el 'decreto canario' podría estar aprobado antes del quince de noviembre, entrando en vigor de manera inmediata. En el plazo de un mes deberá ser ratificado por el Congreso, donde el PP se tendrá que retratarse con su voto. Aunque Mariano Hernández Zapata ha dicho que votarán afirmativamente, no es la primera vez que los populares llevan la contraria a sus colegas de Canarias y votan en contra sin remilgos. Por su parte, los socialistas canarios se centran en no pedir imposibles: intentan alcanzar un acuerdo razonable que el Gobierno central y Canarias acepten, intentando que el decreto no salte por los aires.