Luisi Castro se aparta del procedimiento judicial que ella misma inició contra el ayuntamiento que preside

Santa Cruz de Tenerife

La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, se abstendrá en todas las actuaciones administrativas o procesales relacionadas con los procedimientos que afectan a las retribuciones del exalcalde Airam Puerta y los concejales Gustavo Pérez, Cándido Gómez y Juan Delgado. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 en julio de 2022, anuló las retribuciones percibidas por los cuatro concejales por carecer de título legal que las amparara cuando se produjo el cambio de alcaldía, en virtud del acuerdo entre los nacionalistas y socialistas. Fue la actual alcaldesa la que denunció al ayuntamiento que hoy preside, por lo que Carmen Luisa Castro se encuentra en una situación insólita: es alcaldesa del ayuntamiento al que denunció y contra el que ganó dos sentencias. Ahora tiene la obligación de abstenerse en esos procedimientos porque existe un conflicto de interés.

El error de Airam Puerta y su equipo

Ha quedado demostrado no solo que las retribuciones percibidas no tenían amparo legal, sino que Airam Puerta y los concejales afectados por el procedimiento debieron abstenerse, y no lo hicieron. El Ayuntamiento debe iniciar el procedimiento para recuperar esas cantidades, según la primera sentencia, pero nunca lo hizo. Los mismos concejales implicados votaron en contra del requerimiento judicial, pese a tener interés personal directo, lo que vicia el acuerdo de nulidad.

La segunda sentencia, dictada por el Juzgado nº 1 en octubre de 2024, anuló el acuerdo plenario que desestimó exigir la devolución de esas retribuciones. Esta sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Ahora el Ayuntamiento está obligado a cumplir una sentencia firme y enfrenta un recurso judicial que podría ser admitido o no. Mientras tanto, la alcaldesa queda al margen de las decisiones clave por imperativo legal.

Carmen Luisa Castro se aparta

La abstención de la alcaldesa supone que quien ganó el juicio, no puede ejecutar su propia victoria. Luisi Castro delega en José Miguel Hernández Fernández, concejal delegado de Obras y Servicios Municipales, Economía y Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos, quien actuará en nombre del ayuntamiento en las actuaciones administrativas o judiciales que sean necesarias en dichos procedimientos judiciales, con la asistencia de los servicios jurídicos municipales. Y sin ninguna duda, con la astuta estrategia de Luisi Castro detrás.