Más de 20 investigados en Lanzarote por construir ilegalmente en suelo protegido
El EPRONA culmina la segunda fase de una operación que ya suma 42 investigados y 65 edificaciones inspeccionadas en 2025
Una construcción presuntamente ilegal en suelo rústico en Lanzarote. / Cadena SER
Arrecife
La Guardia Civil ha dado un nuevo paso en su estrategia para frenar la proliferación de edificaciones irregulares en zonas medioambientalmente sensibles de Lanzarote.
El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de Las Palmas ha finalizado la segunda fase de una operación centrada en los municipios de Haría y Tías, donde se han investigado a 22 personas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
Esta segunda fase ha incluido 23 inspecciones en edificaciones presuntamente ilegales, muchas de ellas vinculadas a usos residenciales o recreativos en suelos donde estas actividades están expresamente prohibidas.
Más de 40 investigados en 2025
La intervención amplia el trabajo iniciado meses atrás, en mayo, cuando fueron investigadas otras 20 personas y se practicaron 42 inspecciones en la primera fase de la actuación. En total, solo durante 2025, la Guardia Civil acumula ya 42 personas investigadas y 65 construcciones revisadas por su posible carácter ilícito.
Construcción presuntamente ilegal en Lanzarote. / Cadena SER
Construcción presuntamente ilegal en Lanzarote. / Cadena SER
Las consecuencias legales para los investigados pueden ser especialmente severas. De acuerdo con la información oficial, los supuestos autores podrían enfrentarse a penas de uno a tres años de prisión, multas económicas de entre doce y veinticuatro meses, y la demolición obligatoria de las construcciones levantadas en suelos protegidos. Además, tendrían la responsabilidad de restituir los terrenos a su estado original, lo que, en muchos casos, supone un elevado coste económico y medioambiental.
Según explica la Guardia Civil, la investigación se inició tras detectar un aumento significativo de construcciones con fines recreativos y residenciales en áreas donde el planeamiento y la normativa ambiental lo prohíben. Este fenómeno, advierten, provoca “la degradación de zonas sensibles, pone en riesgo la biodiversidad y afecta a la calidad de vida de las comunidades locales legalmente asentadas”.
Colaboración de ayuntamientos
El operativo del EPRONA ha contado nuevamente con el apoyo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y de los departamentos de Urbanismo de los ayuntamientos de Haría y Tías
La Guardia Civil ha destacado la importancia de esta colaboración institucional para esclarecer los hechos y reforzar la vigilancia en zonas especialmente vulnerables del territorio insular.
Además, el cuerpo recuerda a la ciudadanía la necesidad de respetar la normativa urbanística y medioambiental, insistiendo en que levantar edificaciones en suelo protegido no solo puede conllevar sanciones administrativas, sino también responsabilidad penal y patrimonial.
La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones relacionadas con la protección del entorno natural y ha puesto a disposición de los interesados su Oficina de Prensa en Las Palmas para ampliar información o resolver dudas.
