A juicio una red que sometía a mujeres con vudú: así operaba en Lanzarote
Siete acusados se sientan en el banquillo de la Audiencia de Las Palmas por una trama que captaba a jóvenes nigerianas y las forzaba a prostituirse bajo amenazas y rituales de control
Palacio de Justicia de Arrecife. / Cadena SER
Arrecife
La Audiencia de Las Palmas sentará en el banquillo la próxima semana a siete personas —tres mujeres y cuatro hombres de nacionalidad nigeriana— acusadas de integrar una red criminal dedicada a captar jóvenes de su país para explotarlas sexualmente en España. La Fiscalía solicita para ellos penas que oscilan entre los ocho y los once años de prisión.
Según el escrito del Ministerio Público, la organización reclutaba a las víctimas en Nigeria prometiéndoles un empleo digno en Europa. Sin embargo, tras someterlas a un ritual de vudú destinado a generar miedo y sumisión, las obligaban a ejercer la prostitución en Lanzarote bajo amenazas que incluían represalias contra sus familias.
Cómo funcionaba la red
El viaje de las víctimas era cuidadosamente controlado por la red: un integrante las acompañaba desde Nigeria hasta España, con escalas en Grecia, París y Madrid.
En la capital española eran recogidas por otros miembros del grupo, que posteriormente las trasladaban a Lanzarote para entregarlas a la supuesta líder, identificada como S.O., quien mantenía su pasaporte y control absoluto sobre ellas.
La Fiscalía detalla que la red operaba internacionalmente. Un individuo llamado Harryson facilitaba los billetes desde Lagos a París, donde otras personas las recogían en el aeropuerto, les conseguían alojamiento y gestionaban los vuelos a Madrid. Allí permanecían unos días en casa de un tal Bobby antes de ser enviadas definitivamente a Canarias.
Confinadas en viviendas de la isla
Una de las operaciones descritas ocurrió el 25 de septiembre de 2015, cuando varias jóvenes llegaron a Lanzarote en un vuelo de Ryanair. Desde ese momento quedaron confinadas en viviendas de la organización, de las que solo podían salir para prostituirse en zonas de Puerto del Carmen y Arrecife, o para desplazamientos puntuales a Madrid y Vitoria, siempre con el mismo propósito.
El dinero que ganaban —entre 70 y 120 euros por servicio— no era para ellas. Debían entregarlo íntegramente a la red para saldar una supuesta deuda que nunca terminaba.
La Fiscalía sostiene que los acusados no dudaban en emplear amenazas, coacciones y violencia física y psicológica, lo que impedía a las víctimas denunciar por miedo a represalias.
La presunta cabecilla, S.O., se enfrenta a once años y medio de prisión acusada de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de liderar la organización criminal. El resto de procesados afronta solicitudes de hasta ocho años de cárcel.
