La Mesa Ciudadana del Agua de Lanzarote rechaza una nueva concesión del servicio

Arrecife

La Mesa Ciudadana del Agua de Lanzarote ha emitido un contundente comunicado en el que denuncia el incumplimiento de las promesas realizadas durante los últimos 29 meses por parte del Consorcio Insular de Agua —formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla— ante los graves problemas en el suministro.

El colectivo afirma que la situación afecta especialmente a los abonados domésticos y agrícolas, mientras que el agua destinada al uso turístico no sufre cortes.

El comunicado subraya que el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente debería estar garantizado, especialmente en un territorio donde se trata de un recurso escaso. Sin embargo, señala que en Lanzarote y La Graciosa este derecho no está siendo respetado.

La organización acusa a la gestión privatizada, en manos del Canal Isabel II, de priorizar “la rentabilidad sobre el acceso equitativo al agua”, generando cortes diarios que dificultan la vida de numerosas familias.

Críticas al origen de la privatización

El documento recuerda que en 2013 el Gobierno insular de entonces (CC–PSOE), con el respaldo de los ayuntamientos, decidió privatizar la gestión del ciclo integral del agua mediante un procedimiento negociado.

Según la Mesa Ciudadana, esta decisión se tomó para proteger a responsables políticos cuyos bienes estaban embargados y que habían conducido a la empresa pública Insalsa a “la corrupción, el saqueo y el despilfarro”.

Sostienen que esta medida se justificó bajo la premisa de que “lo privado funciona mejor que lo público”, pero que la ciudadanía nunca autorizó este cambio, tal y como reflejaron las movilizaciones de aquel momento bajo el lema “El agua pública no se vende, se defiende”.

Un modelo "que ha fracasado"

Tras doce años y medio de gestión privatizada, la Mesa Ciudadana del Agua afirma que los problemas no solo persisten, sino que se han agravado.

Señalan que la concesionaria acumula una deuda de 75 millones de euros hasta 2024 y que su gestión ha sido “nefasta”. Acusan a la empresa de planificar estrategias para forzar que las administraciones públicas intervengan y sufraguen, con dinero de los contribuyentes, las inversiones que deberían asumir según contrato, todo ello bajo el “engaño” de la declarada emergencia hídrica.

El colectivo asegura que el modelo privatizado está “colapsado” y que el fracaso desmiente la creencia de que lo privado garantiza una mejor gestión. Añaden que el creciente malestar ciudadano se refleja en críticas cada vez más frecuentes.

Rechazo a la “privatización de la privatización”

La Mesa Ciudadana también cuestiona la reciente propuesta del actual grupo de gobierno (CC–PP), que plantea lo que denominan “el Rescate del Servicio”, consistente en ceder nuevamente la gestión a otra empresa privada. Lo califican como “la privatización de la privatización” y lo atribuyen al intento de los responsables políticos de evitar asumir su parte en el fracaso del modelo.

El comunicado denuncia que cuando los políticos insisten en privatizar bienes colectivos están reconociendo su “incompetencia” para gestionarlos, delegándolos en entidades que nadie ha elegido democráticamente. Acusan a los gobernantes de actuar en beneficio de intereses particulares en detrimento del interés general.

Críticas al “gran pacto por el agua”

Asimismo, la Mesa Ciudadana considera una maniobra de distracción la reciente propuesta institucional de un “gran pacto por el agua”.

Aseguran que no se han explicado sus contenidos y que pretende presentar a los políticos como preocupados por la crisis hídrica, pese a que —según el colectivo— han sido ellos mismos quienes generaron la situación actual al privatizar el ciclo integral y fiscalizar deficientemente a la concesionaria. En su opinión, esta reacción llega “tarde” y responde a la presión social más que a una verdadera voluntad política.

Llamamiento a recuperar la gestión pública

Finalmente, el colectivo afirma que la experiencia de los últimos doce años demuestra que la privatización ha sido perjudicial para la población. Por ello, expresan su rechazo a una nueva concesión privada, calificándola como un “fraude electoral”, ya que ningún partido incluyó esta medida en sus programas ni ha sido respaldada por la ciudadanía.

La Mesa Ciudadana del Agua reivindica que el suministro en Lanzarote y La Graciosa se mantenga como un bien público, no privado ni comercial.

Concluyen señalando que el agua forma parte de “los bienes comunes”, espacios esenciales de la vida que deben preservarse para la ciudadanía.