Una menor tutelada por el Gobierno de Canarias explotada sexualmente: Fiscalía pide diecinueve años de cárcel

Las Palmas de Gran Canaria

Una menor de edad tutelada por el Gobierno de Canarias fue captada en marzo del año pasado por una mujer a quien conocía del barrio de El Carrizal, en el municipio de Ingenio de la isla de Gran Canaria. La encausada conocía perfectamente a la menor y sabía de su situación de extrema vulnerabilidad, tutelada por la consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y sin red de apoyo familiar. De común acuerdo con un tercero, esta mujer ofreció a la víctima para que fuera explotada sexualmente en un local llamado "LUX", ubicado en un centro comercial en Playa del Inglés. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso la SER, la menor fue víctima de ambos, "que se lucrarían de la prostitución ajena", reza la Fiscalía, que no atribuye responsabilidad penal al Gobierno de Canarias.

Los detalles del escrito de Fiscalía

La principal acusada acordó con el propietario del local "LUX" destinado al "intercambio de parejas y ejercicio de la prostitución", localiza a mujeres vulnerables y explotarlas sexualmente. Una de estas mujeres fue la víctima menor de edad tutelada por el Gobierno que se fugó del centro de menores. "De esta forma, al menos en los días 18 y 19 de marzo de 2024, el encausado procedió a indicarle el horario que debía seguir dentro del club, ejerciendo la prostitución, así como la zona en la que debía estar y los clientes con los que debía practicar sexo, debiendo entregarle todo el dinero recibido por esos servicios", reza el escrito de Fiscalía.

La reacción del Gobierno de Canarias

Según han explicado fuentes de la consejería de Bienestar Social a la Cadena SER, los educadores y educadoras de los centros reciben formación para la detección de casos de abusos sexuales o de cualquier otro tipo. Los controles en los centros de los cabildos son "extremas en esos casos", según explican. Además, añaden que esos centros tienen régimen abierto, no son centros de medidas judiciales cerrados.

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